Los empleados públicos chilenos, que paralizaron sus actividades el lunes en reclamo de mejoras salariales, retomarán las calles este miércoles, tras el fracaso en las negociaciones con el Gobierno.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales aseguró, en horas de la madrugada de este miércoles, que el paro nacional continúa y convocó a una marcha por las calles de Valparaíso, ciudad sede del Congreso para exigirle al parlamento el 12 por ciento de reivindicación salarial.
El lunes en la noche, los dirigentes laborales y los ministros de Hacienda, Andrés Velasco, y de Trabajo, Osvaldo Andrade, se reunieron por más de cuatro horas sin alcanzar un acuerdo.
Los ministros pusieron sobre la mesa una nueva oferta, que aumenta en medio punto porcentual el cuatro por ciento inicialmente ofrecido para mejorar los sueldos de unos 450 mil empleados públicos.
Sin embargo, para los sindicalistas esta propuesta es insuficiente e insisten en exigir un incremento de 12 por ciento.
El 12 por ciento se desglosa en 7 por ciento por concepto de la inflación que se registrará este año, y 5 por ciento por el crecimiento económico del país.
Las consideraciones del Gobierno son más conservadoras: 3,6 por ciento por el alza en el costo de la vida y un 0,4 por ciento por productividad.
Actualmente, el salario de los empleados públicos ronda los 700 dólares.
"Creíamos que con la movilización era posible que el gobierno diera una solución satisfactoria. Si no hay acuerdo está convocado el miércoles un nuevo paro, pero esta vez indefinido", advirtió el martes el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez.
El lunes, los empleados fiscales efectuaron un paro que de acuerdo con sus organizadores alcanzó 90 por ciento de la nómina. Pero el Gobierno asegura que sólo afectó a 50 por ciento de la fuerza laboral.
La estrategia afectó a varios servicios públicos que suspendieron completamente sus actividades y la actividad en algunos hospitales se resintió notoriamente.
El aumento salarial para los empleados fiscales, que debe regir el 1 de diciembre, tiene que ser aprobado por el Congreso, pero algunos legisladores oficialistas ya anunciaron que rechazarían el monto que ofrece el Gobierno.
