Por: Editorial Jornada
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Poco después del mediodía de ayer (miércoles), el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, dio a conocer que la institución a su cargo había ejercido acción penal contra nueve personas, servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y particulares
, por el incendio, el pasado 5 de junio en Hermosillo, de la guardería subrogada por esa entidad a particulares, la ABC, en el cual murieron 48 infantes y decenas resultaron con graves lesiones. El funcionario se negó a nombrar a los indiciados porque, adujo, la autoridad judicial aún no había librado las órdenes de aprehensión correspondientes, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra impedida legalmente
para divulgar esa información. Sin embargo, en el curso de la tarde, desde la misma instancia se filtró a los medios que entre los acusados de homicidio culposo se encuentran los cinco propietarios de la guardería, y entre ellos, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, familiar de Margarita Zavala, esposa del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. Adicionalmente están en la lista de indiciados el hasta hace poco delegado general del IMSS en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, dos apoderados legales de los socios de la guardería y la propietaria del inmueble.
En el contexto de los desmanejos en la procuración de justicia que han exasperado recientemente a la opinión pública (días después de la catástrofe, el propio Medina Mora advertía que nadie iría a la cárcel
como consecuencia de las muertes de los menores) y con la sospecha generalizada de que esta importante función del Estado ha venido siendo utilizada por el grupo en el poder como una manera de hacer campaña electoral a trasmano en favor del partido gobernante y en contra de los de oposición, la manera de actuar de la PGR y de su titular en el caso de la tragedia de Hermosillo resultan, por decir lo menos, poco verosímiles, y ciertamente, irrespetuosas de la sociedad.
No debe pasarse por alto que la dependencia tardó cerca de tres semanas desde el incendio hasta que atrajo la investigación. A casi un mes del siniestro, resulta sumamente dudosa la coincidencia del anuncio formulado ayer por Medina Mora con el cierre formal de campañas políticas y el inicio de la prohibición de realizar propaganda partidaria. Desde esa perspectiva, el inicio de la acción penal, anunciado horas después de que Calderón Hinojosa dijera, desde Panamá, que no habría impunidad para nadie
, parece más una movida electoral que una medida de procuración de justicia. Sea o no cierto, resulta inocultable que una orden de aprehensión contra una pariente política del jefe del Ejecutivo constituye una excelente manera de publicitar supuestas virtudes gubernamentales que, si fueran reales, habrían llevado a la PGR a ejercer su facultad de atracción del caso desde el mismo 5 de junio -había un argumento irrebatible para ello: se trataba de un establecimiento subrogado por una institución federal- y no cuatro días antes de las elecciones del domingo próximo, y a uno de que se inicie la veda propagandística para los partidos.
En esta lógica, no sólo persiste el empeño en instrumentar, para beneficio del partido gobernante, la muerte y el dolor de decenas de familias sonorenses, sino que se sigue eludiendo esclarecer la posible responsabilidad -así sea por omisión, así se trate de una mera responsabilidad política y no penal- de altos funcionarios del IMSS. Es significativo, a este respecto, que la bancada de Acción Nacional en San Lázaro haya maniobrado para conseguir que la comparecencia del titular del Seguro Social, Daniel Karam, fuera pospuesta para después de los comicios.
La sociedad sonorense y la nacional reclaman justicia, no golpeteo político, simulaciones ni aprovechamientos publicitarios. Por desgracia, no hay mucho margen para percibir de otra manera las medidas aquí comentadas.
