A los magistrados se les acusa de Prevaricato, término que en el orden de los poderes judiciales significa “delito comparable al incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El Gobierno boliviano optó por solicitar al Congreso un juicio de responsabilidades contra esos magistrados para impedir que la investigación sobre el caso de terrorismo quede en la impunidad.
Tanto Manrikovic, presidente del comité cívico de Santa Cruz, como Reynaldo Bayard, de Tarija, están siendo implicados en la voladura del ducto Yacuiba - Río Grande (Gasyrg), que causó millonarias pérdidas para el país.
