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El interés de Venezuela es que el Informe sea recibido a la mayor brevedad por el secretario general de ONU.

El interés de Venezuela es que el Informe sea recibido a la mayor brevedad por el secretario general de ONU. | Foto: Mppre

Publicado 28 septiembre 2020



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El estado venezolano busca revalidar ante el mundo la realidad que vive el país en materia de derechos humanos.

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, junto al fiscal general, Tarek William Saab y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, hicieron entrega del Informe de la Verdad de Venezuela contra la Infamia: datos y testimonios de un país bajo asedio, al Nuncio Apostólico, Aldo Giordano.

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La entrega al representante del Vaticano, que tuvo lugar este lunes, fue en calidad de decano del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. En la misma fecha, entregaron el pliego al coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país, Peter Grohmann, a fin de que se lo entregue al secretario general de esa organización.

Posteriormente, los tres funcionarios ofrecieron una rueda de prensa donde resaltaron las acciones recién ocurridas. El canciller Arreaza destacó la cooperación entre el Poder Ejecutivo, Judicial y Ciudadano, como establece la Constitución, llevando la verdad de Venezuela.

Arreaza también apuntó la falta de veracidad y legitimidad del Informe presentado por el Grupo de Lima ante la ONU. Expresó que el reporte de Venezuela "desmonta ese adefesio que ha circulado por el mundo".

"Hacen política de agresión con los derechos humanos en vez hacer política para los derechos humanos" afirmó el diplomático.

Por su parte, el defensor del Pueblo manifestó que "No se puede utilizar los Derechos Humanos como excusa para atacar al pueblo venezolano. No se pueden ver los Derechos Humanos de forma parcial".

Entre tanto, el fiscal general pidió no obviar que “el Grupo de Lima utilizó una resolución paralela a la de la alta comisionada de los Derechos Humanos, para obstaculizar el verdadero trabajo asignado por Naciones Unidas".

El informe La Verdad de Venezuela se elaboró por organismos del Estado venezolano para refutar las infamias de un documento que fue redactado por unos supuestos expertos que buscan dinamitar e implosionar el trabajo que hace la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el país.

El mismo fue financiado por el Grupo de Lima y donde el 85 por ciento de las fuentes utilizadas por la supuesta comisión de verificación de hechos son secundarias, no hay familiares, ni testimonios.


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