El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, llevará la defensa de la investidura de Carles Puigdemont como presidente del gobierno regional al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Fuentes parlamentarias consultadas han explicado que Torrent pedirá al Tribunal que "tutele los derechos políticos y, en concreto, el derecho a la participación política" de Puigdemont.
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En un comunicado del Parlament remitido a los medios, el organismo afirma que esta demanda se lleva a cabo para “proteger los derechos de Puigdemont a someterse al debate de investidura de forma efectiva”.
"El parlament tiene el derecho de investir el candidato que decida la mayoría de diputadas y diputados. Iré hasta donde sea necesario para defender la institución y los derechos del presidente Puigdemont"
Dicha demanda debe plantearse de forma individual, y por ello, Torrent propondrá a los diputados y diputadas de la cámara que se sumen a ella.
La demanda de Torrent se fundamenta en el artículo 39 del reglamento del Tribunal Europeo, tiene un carácter restrictivo y "está reservada para casos muy específicos en los que se puede producir un daño irreparable".
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Las fuentes parlamentarias aseguran que, si el pedido de Torrent fuera estimado, se resolvería en 24 horas y se podría "abrir una puerta real y efectiva para la investidura de Puigdemont".
Presentan alegaciones al TC
El Parlament catalán anunció la presentación de las alegaciones al Tribunal Constitucional (TC) sobre las medidas cautelares y la impugnación del Gobierno de España a la investidura de Carles Puigdemont.
De acuerdo al comunicado del ente legislativo “la impugnación del Gobierno español y las medidas cautelares del TC tienen un carácter preventivo y puramente hipotético”, hecho que provocaría que fueran “improcedentes”.
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El texto remitido por el Parlament considera que “no se puede exigir”, ya que Puigdemont “disfruta de inmunidad y no puede ser detenido excepto en el caso de delito flagrante”.
El documento reza que “el TC ha usurpado unas funciones que no le son propias ya que pretende determinar, mediante medidas cautelares, la forma en como se tiene que llevar a cabo la sesión de investidura”.
A finales de enero Torrent decidió aplazar el debate de investidura, alegando que quería garantizar la "inmunidad" del candidato Puigdemont.
Contra la sesión de investidura pesa una medida del Tribunal Constitucional que advierte al Parlament de que no puede celebrar una investidura de Puigdemont a distancia sin que éste pida permiso al juez.