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La constructora brasileña Odebrecht acordó pagar a la nación 184 millones de dólares, el doble de lo empleado en sobornos.

La constructora brasileña Odebrecht acordó pagar a la nación 184 millones de dólares, el doble de lo empleado en sobornos. | Foto: La República

Publicado 15 octubre 2021



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Los fiscales solicitaron el decomiso de los bienes de cada uno de los imputados, lo que permitirá recuperar parte del dinero defraudado.

La Procuraduría General de República Dominicana informó este viernes que apelará las sentencias dictadas por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Odebrecht, luego que se condenara únicamente al empresario Ángel Rondón y al exministro Víctor Díaz Rúa, mientras fueron exonerados los cuatro imputados restantes.

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Las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo absolvieron de responsabilidad penal a los exsenadores Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista García, así como al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa), Roberto Rodríguez, a quienes se les pedían penas de cinco años de cárcel para el primero y siete para los demás.

Los fiscales solicitaron el decomiso de los bienes de cada uno de los imputados, lo cual permitirá recuperar parte del dinero defraudado a los contribuyentes.

Por su parte, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el adjunto Wilson Camacho, expresó que "en los casos en que ha habido descargos, en las motivaciones que han dado las juezas, hemos advertido algunas contradicciones y podemos anunciar que apelaremos esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas”.

Añadió que “los corruptos no deben tener a nadie que los ayude, ni ningún lugar donde esconderse", y detalló que todos los fiscales decidirán el cauce de la apelación una vez analicen de conjunto todos los argumentos de las juezas sobre el veredicto final.

La constructora brasileña Odebrecht admitió haber distribuido 92 millones de dólares en el país, a cambio de la adjudicación ilegal de licitaciones de obras públicas entre 2001 y 2014, y de la obtención de autorización parlamentaria para los préstamos correspondientes.

En correspondencia, acordó con la Procuraduría pagar a la nación 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos.


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