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La Constitución de Puerto Rico prohíbe que los fondos públicos sean administrados por entidades privadas.

La Constitución de Puerto Rico prohíbe que los fondos públicos sean administrados por entidades privadas. | Foto: Amprnet

Publicado 20 marzo 2018



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Los maestros consideran que con las escuelas chárters se crea una nueva oportunidad para que los empresarios acumulen ganancias.

A principios de febrero, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, anunció la puesta en marcha de una reforma en Educación que buscaba el establecimiento de las escuelas chárters, después de un mes el Senado puertorriqueño la aprobó, pese al rechazo de los docentes.

Los educadores puertorriqueños se muestran contrarios a la reforma aprobada por el gobierno de la isla, porque consideran que es una forma de privatización del sistema educativo a través de los fondos públicos.

Además, los maestros señalan que los resultados del modelo de administración escolar propuesto por Roselló es ampliamente cuestionado en Estados Unidos (EE.UU.), nación donde las escuelas chárters funcionan en 39 estados.

Ahora bien, qué son y cómo funcionan las escuelas chárters.

¿Qué son las escuelas chárters?

Se trata de escuelas públicas, financiadas por fondos de la gobernación y administradas por empresas privadas. En definitiva, consideran que se trata de una privatización de las escuelas. 

Además, estas escuelas se caracterizan por no tener que cumplir con los reglamentos exigidos por las agencias públicas, porque la administración recae en manos de la empresa privada.

¿Por qué Puerto Rico decidió aprobar la reforma educativa para crear escuelas chárters?

Los docentes puertorriqueños alegan que el gobierno quiere impulsar las escuelas chárters porque estas son un negocio, es decir, a través de las escuelas se crea una nueva oportunidad para que los empresarios acumulen ganancias.

¿Cómo se lucran los empresarios?

A diferencia de los maestros de escuelas públicas, los docentes de las escuelas chárters se caracterizan por no tener que ser "altamente cualificados", por esta razón reciben un salario menor y no perciben beneficios marginales como pensión, plan médico o permanencia.

El gobierno le entrega una cantidad de dinero por cada estudiante matriculado. Los estudios demuestran que pasada cinco semanas, un promedio del 36 por ciento de los estudiantes abandonan la escuela y esta retiene el dinero de esos estudiantes. 

A esto se suma el hecho de que las escuelas chárters invierten menos que las escuelas públicas en la compra de materiales.

¿Cómo afecta a los padres?

Los estudiantes no cuentan con comedores escolares, tienen cafeterías donde se ven obligados a comprar sus alimentos. 

Además, no cuentan con transporte escolar, sino privado, y son los padres los encargados de comprar o alquilar los libros que utilizarán sus hijos.

¿Las escuelas chárters son mejores que las escuelas privadas?

No. Los estudios confirman que los estudiantes de las escuelas chárters no demuestran mejor aprovechamiento académico que aquellos pertenecientes a las escuelas públicas. Además, en las chárters la deserción escolar está cerca del 36 por ciento, mientras que en las escuelas públicas se ubica en el 16 por ciento.

¿Cuál es la experiencia en otros países que decidieron privatizar las escuelas públicas?

En Estados Unidos, el modelo de organización escolar ha generado una serie de controversias, pues este no cumple los mismos requisitos y normativas de los planteles administrados por el Estado. Además, los detractores dicen que los reportes sobre las clasificaciones de las escuelas no toman en cuenta el aprovechamiento de los estudiantes.

A las escuelas chárter en España se les llama escuelas concertadas y en Chile subvencionadas.

Cierre de escuelas públicas en Puerto Rico

En 2017, el gobierno puertorriqueño anunció que cerraría 170 escuelas públicas como medida de ahorro para enfrentar la crisis económicas en la que se encuentra la isla.

En ese entonces, la recomendación de la Junta de Supervisión Fiscal, ente encargado de administrar las finanzas de la isla, fue que el Departamento de Educación redujera mil millones de dólares de su presupuesto.

Actualmente, la isla enfrenta una deuda pública de aproximadamente 73.000 millones de dólares y es en ese contexto, en medio de una severa crisis, que el Gobierno aprueba la reforma de la educación.


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