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Seis candidatos que aspiran obtener la Presidencia de Colombia se midieron este jueves en un gran debate organizado por RCN y el Instituto de Ciencia Política tras el fallido intento de debatir el miércoles en el municipio Manizales, donde manifestantes abuchearon a los candidatos por el Centro Democrático, Iván Duque y Germán Vargas Lleras.
El exjefe negociador por parte del Gobierno en los acuerdos de paz, Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal colombiano, afirmó que las propuestas de Duque, sobre la inversión en el campo, están contempladas en los acuerdos firmados en La Habana, específicamente en la Reforma Agraria Integral aún sin cumplir por parte del Gobierno de Colombia.
"No estamos ni con Fajardo, ni Lleras, ni Duque, ni Petro, ni De la Calle. Estamos pidiendo que el debate sea para el pueblo, porque no nos dejan entrar. Adentro sólo hay gente encorbatada... Así qué, somos seguidores de un pueblo unido hermano!" Viva Manizales!!#ElEjeElige pic.twitter.com/unT8nmIbDY
— Andrés Sampayo ���� (@asampayo) 18 de abril de 2018
La Reforma rural contempla la creación de un fondo de tierras para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, crear un nuevo sistema de catastro multipropósito y hacer Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdets) para 170 municipios.
El debate estuvo centrado en varios bloques: El compromiso con la democracia, el crecimiento económico, las visiones sobre el progreso social y Colombia en el mundo.
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La candidata del Partido Somos, Viviane Morales, recordó que propuso una Constituyente para reformar la justicia y eliminar la carga política de las altas cortes que tienen facultades electorales.
Las altas cortes en el país latinoamericano tienen facultades electorales y hasta el Gobierno reconoció que están politizadas.
El candidato Sergio Fajardo, del partido Alianza Verde, afirmó que para combatir el narco y microtráfico, el Gobierno colombiano tiene la obligación de sustituir los cultivos con las comunidades y buscar la cooperación internacional para enfrentar a las bandas criminales que azotan a los más humildes.
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Aunque el Acuerdo de Paz explica que los cultivos ilícitos están en territorios donde hay pobreza y marginalidad y mayor informalidad laboral, el impacto del narcotráfico también afecta la economía formal aunque de forma menos dramática.
Por su parte, el candidato Germán Vargas Lleras, por el partido Centro Democrático, aseguró que las hectáreas de coca crecieron y superaron las 200.000.
El candidato por el partido Colombia Humana, Gustavo Petro, aseguró: "Las viejas guerrillas y paramilitares que tuvieron lugar en los sesenta, en la Guerra Fría, desaparecieron", esta afirmación es falsa porque en los sesenta no existía en Colombia el paramilitarismo.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se fundó el 4 de julio de 1964 y el Ejército Popular de Liberación el 10 de febrero de 1967, ambos grupos siguen vigentes y forman parte del conflicto armado en ese país.
Por su parte, Vargas Lleras aseguró que "tanto las disidencias de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo son los mismos grupos y se adueñaron de la minería ilegal, esas disidencias coinciden con los lugares donde hay mayor cultivo de coca".
Los grupos armados ilegales pelean entre sí por las rutas del narcotráfico, como en el sur del departamento de Nariño, donde hay 12 grupos armados, incluidas las disidencias de "Guacho", responsable del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio.
El candidato De la Calle aseguró que el acto legislativo del primero de 2017 establece que en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solo entran los actos cometidos antes del primero de diciembre de 2016, el caso de Santrich, según lo dijo la Fiscalía, ocurrió entre junio de 2017 y abril de 2018.
"Entraría entonces en la jurisdicción ordinaria y eso incluye la posibilidad de extraditarlo, decisión que depende del presidente; si el señor Santrich es culpable, yo lo extraditaré porque la FARC sabía que a partir del primero de diciembre debían enfrentar la legalidad".
Santrich está detenido en la cárcel de La Picota, al sur de Bogotá (capital) mientras aguarda el desenlace del pedido de extradición hecho por la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), adscrita al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
