Presos palestinos en Israel rechazan medidas de castigo

Miles de presos políticos palestinos en cárceles israelíes sumaron este domingo otra jornada de lucha al manifestarse en desobediencia civil en rechazo a la campaña represiva iniciada por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

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Entre otras acciones de desobediencia, los luchadores palestinos paralizan aspectos de la vida cotidiana en las penitenciarías y ofrecen resistencia para vestir el uniforme obligatorio o someterse a controles de seguridad diario.

Estas jornadas de lucha comenzaron el 14 de febrero pasado en la cárcel de Nahfa y al día siguiente se extendieron a las prisiones de Raymon, Ofer, Megiddo, Gilboa y Negev, según un comunicado del Club de Prisioneros Palestinos.

En el caso del penal de Nahfa, sus autoridades adoptaron medidas de represalia, entre ellas cortar el agua caliente de los baños en medio del invierno.

Reconocido ultranacionalista, Ben-Gvir respaldó días atrás esta medida y otras que deseen imponer las autoridades del Servicio Penitenciario Israelí (IPS), como reducir la cantidad de agua que pueden consumir los prisioneros y la reducción a una hora del plazo diario para ducharse.

El 8 de enero pasado, anunció que cancelaría una política que permite a legisladores del Parlamento israelí (Knesset) visitar a los palestinos encarcelados en prisión.

Los presos políticos palestinos consideraron estas expresiones como una campaña de odio de Ben-Gvir y dejaron claro que la derrotarán a través de la lucha abierta.

La Comisión de Asuntos de los Detenidos Palestinos anunció jornadas atrás que la campaña de desobediencia civil se intensificará hasta convertirse en una huelga de hambre indefinida, la cual podría comenzar el primer día del próximo mes de ayuno del Ramadán.

Ante el temor de un levantamiento masivo, el IPS comenzó a transferir a los presos políticos palestinos entre las 20 prisiones utilizadas exclusivamente para encerrarlos.

Más de 4.700 palestinos se encuentran tras las rejas en prisiones israelíes, entre ellos 160 menores de edad y 30 mujeres. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que en ellas se aplica el confinamiento solitario, se deniegan visitas familiares y el tratamiento médico es inadecuado, entre otras condiciones degradantes.