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Durante su discurso ante el Congreso, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou reconoció que queda mucho trabajo por hacer.

Durante su discurso ante el Congreso, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou reconoció que queda mucho trabajo por hacer. | Foto: El Observador

Publicado 3 marzo 2021



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El Jefe de Estado rindió cuentas ante el Congreso de su gestión durante el año pasado.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el martes, durante la rendición de cuentas de su gestión en 2020 ante el Congreso, que su Gobierno promoverá este año varias medidas para “mitigar los efectos de la pandemia”,  a la par que reconoció el incremento de las personas y hogares en situación de vulnerabilidad.

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El desemplo en Uruguay creció al finalizar 2020

Lacalle mencionó que se duplicará nuevamente el monto de las asignaciones familiares durante marzo y abril, y que se incrementarán los fondos destinados para el programa de canasta alimenticia.

Precisó que habrá una “inversión adicional” de 200 millones de pesos para apoyar “a ollas, comedores y merenderos”, así como otros 200 millones de pesos “para atender a personas en situación de calle”.

Al referirse a la gestión a la Covid-19, aseveró que el Gobierno procuró “sostener los puestos de trabajo” y “asistir a aquellos con problemas laborales ocasionados por la pandemia”.

Subrayó que el fondo destinado al subsidio por enfermedad aumentó de 114 a 153 millones de dólares entre 2019 y 2020, mientras que el destinado a seguro de paro en 2020 fue de 415 millones dólares.

Lacalle Pou precisó que durante el año pasado las transferencias sociales aumentaron 56 por ciento y se constató un incremento del 40 por ciento en la cifra de beneficiarios.

Añadió que se triplicó la población atendida por el Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social, lo que significa que “24.000 uruguayos por día fueron atendidos en este programa”, dijo.

El mandatario agregó que “el Estado va a invertir este año más de 1.200 millones de dólares en inversión pública de infraestructura”. Señaló que algunos de estos proyectos incluirán participación privada.

Entre los cambios de carácter legislativo introducidos durante 2020, el Jefe de Estado destacó durante su presentación ante el Congreso la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Esta norma ha sido criticada por los sindicatos y movimientos sociales, que en este momento recogen firmas para derogar varios de sus artículos, por considerarlos contrarios a los derechos de los trabajadores.

El Presidente uruguayo también mencionó que no habían subido los impuestos, pero en marzo de 2020 el Gobierno incrementó las tarifas por encima de la inflación y los tributos.

Reacciones al discurso presidencial

Tras la presentación de Lacalle Pou, un integrante de la Coordinadora de Ollas Populares, Esteban Corrales, declaró a medios locales que “pretender” que las ollas populares sean “una opción permanente (…) es un error”.

El activista social subrayó que el Estado debe “brindar una solución a través de políticas públicas” y no continuar dejando la gestión de ese déficit en manos de la solidaridad.

El dirigente del Frente Amplio (oposición), Pablo Ferreri, expresó a través de su cuenta en la red social Twitter que “una vez más, las medidas son bienvenidas, pero insuficientes”.

También consideró que “el Gobierno sigue sin dar una respuesta potente para todos aquellos que tienen enormes dificultades para llevar el sustento a su casa en esta pandemia”.

En febrero, el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer que a finales de 2020 la tasa de desempleo de Uruguay ascendió a 10,5 por ciento. Ello representa que 186.000 personas buscaban trabajo.

De acuerdo con el presidente de la central única sindical, Pit-Cnt, Fernando Pereira, 100.000 uruguayos caerán en la pobreza debido a la crisis económica generada por el coronavirus.

Lo que supone un incremento entre el 2 y 3 por ciento, según reconoció a finales de febrero, durante su rendición de cuentas ante el Congreso la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

Días atrás, el senador del FA, Danilo Astori, reiteró la propuesta de esa coalición que promueve a que el Gobierno instituya una renta básica de unos 300 dólares, para entregar hasta julio, dirigida a 300.000 personas más afectadas por la crisis.

Ello demandaría unos 540 millones de dólares, un gasto que el país puede afrontar con resultados positivos, valoró Astori.


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