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El escándalo de la vacunación clandestina en Perú llevo a la renuncia de la ministra de salus y otros funcionarios del gobierno.

El escándalo de la vacunación clandestina en Perú llevo a la renuncia de la ministra de salus y otros funcionarios del gobierno. | Foto: Semana.com

Publicado 26 febrero 2021



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El informe sobre el vacunagate recomienda evaluar el retiro de confianza de los funcionarios vacunados que aún permanecen en sus cargos.

Un total de 470 personas son los señalados de haberse beneficiado de la vacunación irregular y clandestina en Perú con un lote de dosis destinado a los ensayos de la vacuna china contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio Sinopharm.

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Los datos fueron revelados por el presidente de la comisión investigadora designada por el ministerio de Salud, Fernando Carbone al momento de entregar el informe sobre el vacunagate.

"De esas 470 personas, 369 forman parte de los equipos que han desarrollado el ensayo, y 101 son los llamados relacionados, que es personal del ministerio de Salud, de la Cancillería, familiares de ambos, e invitados que no guardan ninguna relación con ellos", expresó Carbone.

Carbone precisó que los responsables de los dos grupos de ensayos, Germán Málaga y Eduardo Ticona, y los representantes de la Cancillería, embajador Arturo Jarama, y del Ministerio de Salud, Carlos Castillo, fueron señalados como quienes invitaban a los relacionados.

De acuerdo al informe entre el centenar de 'relacionados' figuran el expresidente peruano Vizcarra, su esposa y su hermano, y entre los funcionarios que no tenían relación directa con los ensayos se encuentran las exministras de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, que renunciaron poco después del destape del escándalo.

Carbone aclaró que en la lista depurada no hay ningún miembro del Gobierno ni del Parlamento.

El informe recomienda evaluar el retiro de confianza de los funcionarios vacunados que aún  permanecen en sus cargos.

Asimismo, pone la investigación a disposición de la Fiscalía para interponer una denuncia constitucional contra la exministra de Salud por presunto delito en el ejercicio de la función.

Las exministras Mazzetti Astete y el expresidente Vizcarra están siendo investigados por los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible y tráfico de influencias, entre otros, a raíz del 'vacunagate'.


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