Una relatora de la ONU acotó que EE.UU. no ha presentado pruebas para justificar el ataque contra el militar iraní.
La muerte del general iraní Qasem Soleimani, en un bombardeo ejecutado por Estados Unidos (EE.UU.) en enero pasado en Irak, fue calificada este martes de "ilegal" y "ejecución arbitraria" por una relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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La relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Agnes Callamard, manifestó en un informe que Washington no ha aportado pruebas que justifiquen que el militar iraní de alto rango estuviese planificando ataques contra esa nación.
Callamard responsabilizó al Gobierno de EE.UU. de esta ejecución, de la cual no ha presentado pruebas que justifiquen la acción en sí misma ni la necesidad de un bombardeo desde un dron en un tercer país, argumentó.
New report on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions by UN Special Rapporteur @AgnesCallamard. Important points include mythbusting #drones as "surgical" and how many issues with targeted killings are not unique to the weapon system platform. https://t.co/EHVmwQ9pxm
— Larry Lewis (@LarryLewis_) July 6, 2020
Soleimani murió el 3 de enero junto a un dirigente de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Teherán, Abú Mahdi al Muhandis, y varios milicianos iraquíes. Tras el incidente, Irán atacó varias bases militares iraquíes en las que se encontraban acantonadas tropas estadounidenses.
Representantes del Gobierno de EE.UU. dijeron que Soleimani planeaba ataques "inminentes", y días después el presidente estadounidense, Donald Trump, justificó el atentado a partir de lo que calificó como el "horrible pasado" de Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.
Al condenar el bombardeo de EE.UU., las autoridades iraquíes recalcaron que las FMP desempeñaron un rol importante en la lucha contra el Estado Islámico.
Callamard también hizo hincapié que el asesinato selectivo de Soleimani es el primer caso conocido en que un Estado invoca la defensa propia como justificación para atacar un actor estatal en el territorio de otro Estado.