La investigación está vinculada a sospechas de espionaje ilegal durante la presidencia de Macri.
El juez federal argentino Juan Pablo Augé de Lomas de Zamora ordenó allanar nuevamente la prisión de Ezeiza y otras dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a partir de la causa por supuesto espionaje ilegal contra exfuncionarios detenidos durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri.
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La orden que se investiga está vinculada a la sospecha de que durante la presidencia de Macri se implementó un mecanismo en el SPF para espiar a empresarios, sindicalistas y exfuncionarios y luego poner esa información al servicio de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Según los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide que investigan el caso explicaron que existe evidencia “para sostener la sospecha cierta de que funcionarios de las máximas jerarquías del SPF habrían llevado a cabo un plan para controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad”, entre los que estaban incluidos fundamentalmente exfuncionarios públicos a los que se les acusaba de actos de corrupción”.
En ese sentido el juez Juan Pablo Auge ordenó que se secuestre la documentación relacionada con el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, los exfuncionarios Roberto Baratta y Carlos Kirchner, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.
En la causa se está investigando la inserción de varias personas, funcionarios y agentes de Fuerzas de Seguridad e Inteligencia que "se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales".