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En lo que va de 2021, un total de nueve excombatientes han sido asesinados, según cifras de Indepaz.

En lo que va de 2021, un total de nueve excombatientes han sido asesinados, según cifras de Indepaz. | Foto: EFE

Publicado 3 marzo 2021



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La JEP constató que persiste la grave situación de vulneración de los DD.HH. de los excombatientes en el país.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ordenó al distintas instancias gubernamentales poner en práctica acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los excombatientes reincorporados a la sociedad civil.

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La medida se tomó al constatar que persiste una grave situación de vulneración a los derechos fundamentales de los desmovilizados de las FARC-EP, teniendo en cuenta que más de 250 han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz.

"No son suficientes los esfuerzos del Gobierno Nacional, y de otras entidades del Estado, para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las FARC-EP", lamentó la JEP, al tiempo que recordó que "la muerte de cada compareciente priva a las víctimas de materializar sus derechos a la verdad plena, participar de las audiencias de reconocimiento y saber el lugar dónde se encuentran los restos de sus seres queridos".

En tal sentido, la JEP demandó de la Procuraduría General incrementar el seguimiento de las alertas tempranas que se emiten para mitigar estos hechos; y del Ministerio de Defensa el apoyo a la Fiscalía para continuar investigaciones judiciales en zonas donde no se le ha permitido trabajar debido al riesgo de seguridad.

También requirió del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos la presentación en 15 días del plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales, mientras la Defensoría del Pueblo debe reforzar el Sistema de Alertas Tempranas.

El Ministerio del Interior recibió de la JEP la demanda de incrementar su apoyo a las alertas tempranas y mejorar su respuesta institucional ante los casos de riesgo.

En el caso de la Unidad Nacional de Protección, fue llamada a que ejecute la totalidad de medidas para proteger a los exguerrilleros, mientras la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía tendrá que informar sobre el progreso en las investigaciones de 19 exmiembros de las FARC-EP asesinados después de haber recibido amenazas.

Por último, las órdenes de la JEP incluyeron la demanda al Consejo Superior de la Judicatura para que informe mensualmente sobre los procesos guardados en sus bases de datos sobre delitos cometidos contra exguerrilleros desde diciembre de 2016.


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