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La Guardia Meñabai alertó de la deforestación de aproximadamente siete hectáreas de bosque, ruptura del ecosistema de la selva, contaminación del Río Nushiño, así como afectaciones a la fauna.

La Guardia Meñabai alertó de la deforestación de aproximadamente siete hectáreas de bosque, ruptura del ecosistema de la selva, contaminación del Río Nushiño, así como afectaciones a la fauna. | Foto: Guardia Meñabai

Publicado 17 marzo 2023



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Los Waorani refieren que el Gobierno violó el derecho al consentimiento previo y se provocaron daños irreversibles a ecosistemas del área.

Las comunidades Waorani, de la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana (este), denunciaron este jueves la falta de diligencia del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial (GAD), por la construcción de una carretera en su territorio, acción con impacto negativo en los ecosistemas.

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A través de su cuenta en Twitter, las comunidades hicieron pública la denuncia por las afectaciones a causa del inicio de la vía Arajuno – Nushiño – Ishpingo – Toñampare y la falta de garantías del “derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado”.

En el comunicado indicaron, además, que en el 2018, el Gobierno Provincial de Pastaza comenzó la construcción de la carretera, “que afecta al territorio Waorani”, sin consultar a la comunidad, pese a que se construye en medio de la selva y “provocando daños irreversibles”.

Reiteradamente, la Guardia Meñabai había indicado desde julio del 2022 hasta febrero último que hubo deforestación de aproximadamente siete hectáreas de bosque, ruptura del ecosistema de la selva, contaminación del Río Nushiño, así como afectaciones a la movilidad y habitabilidad de la fauna.

En el informe comunitario entregado al Ministerio de Ambiente y al GAD de Pastaza,  los Waorani también refirieron inconsistencias en documentos de estudio de impacto ambiental y la licencia expedida para la obra.

Ha sido recurrente en Ecuador el irrespeto a acuerdos adoptados con las comunidades indígenas vinculados al cuidado de las tierras ancestrales para favorecer la actividad extractiva de las trasnacionales y sus proteger los vínculos de estos grupos de poder con el Gobierno.


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