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La condena contra el exmandatario es similar a los procesos legales que enfrentaron Lula en Brasil y Fernández de Kirchner en Argentina.

La condena contra el exmandatario es similar a los procesos legales que enfrentaron Lula en Brasil y Fernández de Kirchner en Argentina. | Foto: Prensa Latina

Publicado 8 abril 2020



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Mediante un comunicado, el Grupo de Puebla, consideró que la condena contra Correa pretende anular su candidatura en las elecciones generales del próximo año, y la calificó de "aberración política".

El Grupo de Puebla, denunció este miércoles la condena de ocho años de prisión que tribunales ecuatorianos impusieron al expresidente, Rafael Correa, por presunta corrupción.

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“Sirviéndose de la institucionalidad judicial, sectores políticos reaccionarios arremeten nuevamente en contra del ex presidente Correa, consiguiendo una sentencia de encarcelación por 8 años y quitándole sus derechos políticos por 25 años”, afirmó la organización en un comunicado.

El documento asegura que Correa es víctima de "lawfare", práctica judicial impulsada por la derecha en la región para perseguir a dirigentes de izquierda,  mediante procesos ilegales que buscan inhabilitar sus nuevas candidaturas políticas.

El grupo explica que el lawfare es un “mecanismo extensamente usado por grupos políticos e instituciones para anular y perseguir a sus opositores, tal y como ya se hizo contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, y la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner”.

En el caso del exmandatario Rafael Correa, el Grupo de Puebla insiste que buscan impedir su participación de cara a las elecciones que se desarrollarán en Ecuador en 2021.

El texto resalta que, pese "a los embates comunicacionales y judiciales en su contra, el ex presidente continúa liderando las encuestas con miras a los comicios del próximo año”, y que "la justicia no puede ser usada como el brazo político de una élite",

El Grupo de Puebla rechazó, también, señala que el tribunal que juzgó a Correa no quiso aceptar “peritajes internacionales de las supuestas pruebas contra el expresidente, pero sí avaló estudios  no profesionales y abiertamente parcializados”.

Asimismo, advirtió que el proceso estuvo plagado de detenciones ilegales, delatores premiados, y pruebas forjadas y manipuladas. Y ejemplificó, en tal sentido, que la noche anterior a la sentencia se filtró una comunicación entre la Fiscalía General del Estado, parte procesal en el juicio, y el juez.

De igual modo, refleja que acciones como esas son similares a los ilegales acuerdos llevados a cabo entre el juez Sérgio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, que permitieron la condena de Lula, quien también fue condenado y detenido por un presunto caso de corrupción.

"La aberración jurídica cometida en Ecuador será materia de estudio y sin duda de procesamientos penales por fraude procesal a futuro", aseveró el comunicado.

El Grupo de Puebla, llamó “a las organizaciones internacionales y relatorías que velan por el respeto a los derechos humanos y democráticos, y por la independencia de jueces y abogados, a ejecutar acciones en contra de las irregularidades de este procedimiento judicial".


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