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Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, se han asesinado a 1.216 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, se han asesinado a 1.216 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. | Foto: Contagio

Publicado 23 julio 2021



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Según el registro de Indepaz, con estos hechos ya se registran 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2021.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este viernes los asesinatos de los líderes sociales Juana Iris Ramírez, en el departamento colombiano de Magdalena, y de Andrés Córdoba Tamaniza en Caldas.

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Juana Iris era la actual secretaría de la Junta de Acción Comunal del barrio Luis R. Calvo, ubicado en la ciudad de Santa Marta, y lideraba un grupo de gestión social en acompañamiento a comunidades vulnerables.

La lideresa social fue asesinada en Altos Delicias, “donde recibió dos impactos de balas en medio de un atentado que supuestamente iba dirigido para otro hombre que se encontraba en el lugar. Los dos fallecieron en el centro asistencial a donde fueron trasladados”, declaró Indepaz en su cuenta Twitter.  

De igual manera, notificó el asesinato de Andrés Córdoba Tamaniza, miembro de la comunidad indígena Embera Chami del resguardo Totumal, ubicado entre los municipios de Belalcázar y Viterbo en Caldas.

Con Andrés Córdoba serían 100 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2021, que suma un total de 1.216 homicidios desde la firma de los Acuerdo de Paz en 2016.

Las autoridades tradicionales, junta directiva y comunidad Embera Chami del resguardo Totumal emitieron una declaración en la que repudian y rechazan “la desaparición forzada, el homicidio y trato cruel y degradante del que fue víctima el joven Embera Chami, Andrés Córdoba Tamaniza”.

“Como comunidad indígena hemos alertado, de forma oportuna, los riesgos y las violaciones a los derechos humanos que se han presentado y ponen en vilo nuestra seguridad, armonía y pervivencia, y lastimosamente el Gobierno local, regional y nacional ha subestimado nuestras alertas”, declaró el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec).

Por su parte, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y conflictividades de Indepaz, Leonardo González, precisó que “en el asesinato, desaparición forzada y tortura hay presunta implicación de un uniformado de la Policía a quien se señala por los delitos de favorecimiento y abuso de autoridad por omisión de denuncia”.


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