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Las más de 20 víctimas eran colaboradores del expresidente chileno Salvador Allende.

Las más de 20 víctimas eran colaboradores del expresidente chileno Salvador Allende. | Foto: Poder Judicial de Chile

Publicado 4 noviembre 2021



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La Justicia chilena confirmó las condenas dictadas en 2018 contra los involucrados en crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este jueves la condena contra siete oficiales retirados del Ejército de Chile por estar implicados en los secuestros y homicidios de 23 colaboradores del expresidente Salvador Allende, durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

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Los oficiales detuvieron a la guardia personal de Allende en el Palacio de La Moneda, sede de Gobierno, así como a médicos, economistas y funcionarios de la Policía de Investigaciones.

La Justicia chilena puntualizó que los oficiales Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López fueron condenados a nueve años de cárcel; y los exmilitares Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Soto y Jorge Ismael Gamboa Álvarez, a siete años. Condenas dictadas en 2018.

Asimismo, el organismo judicial condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de 20 años de prisión, en calidad de coautor de los delitos de homicidio calificado de 15 de las víctimas secuestradas.

Los colaboradores del exmandatario Allende fueron detenidos y llevados al Regimiento Tacna, donde permanecieron dos días, luego fueron trasladados, amarrados de pies y manos con alambres, montados en un camión Pegaso y, hasta la fecha, se desconoce su paradero.

El órgano judicial precisó que los delitos de secuestro y homicidio calificado son reconocidos como crímenes de lesa humanidad porque el primero se cconsidera como desapariciones forzadas, mientras que el otro como un ataque generalizado y sistemático contra de un grupo determinado de la población civil.

Aunque el tribunal ordenó pagar las indemnizaciones económicas a los familiares de las víctimas, el proceso de reparación integral a los afectados por la dictadura de Augusto Pinochet aún está inconcluso pues todavía hay un pacto de silencio sobre los crímenes cometidos.


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