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El 63 por ciento de los municipios están asediados por la violencia producto del conflicto y la ausencia funcionarios de seguridad del Estado.

El 63 por ciento de los municipios están asediados por la violencia producto del conflicto y la ausencia funcionarios de seguridad del Estado. | Foto: colombia.com

Publicado 27 abril 2018



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El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo apuntó que el asesinato de los líderes sociales en el Catatumbo es causada por la falta de seguridad del Estado  

La región del Catatumbo al norte del departamento de Santander en Colombia tiene una de las crisis humanitarias y sociales más grandes del país, el abandono del Estado colombiano aunado a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) y  ahora el Ejército Nacional, lo que han encrudecido la situación del municipio. 

El conflicto armado, el narcotráfico, la inseguridad, los asesinatos de líderes sociales, indígenas y campesinos, las precarias condiciones de los servicios básicos y el difícil acceso a los alimentos han ocasionado el desplazamiento interno de la menos siete mil personas de acuerdo a cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)

En los estados limítrofes del Santander se han dispuestos 12 refugios humanitarios para asistir a las 17.000 personas afectadas, entre ellos unos  45.000 niños que aún permanecen en el Catatumbo.

El abandono del Estado colombiano

Según cifras aportados por la OCHA y las administraciones municipales de Catataumbo presentados  durante la instalación de la mesa permanente para atender la crisis humanitaria y social en la región el pasado mes de marzo.

Siete de cada 10 habitantes de las zonas del Catatumbo no tiene acceso a servicios básicos, servicios de atención al público. Las instituciones municipales, judiciales y los servicios de trasportes regionales permanecen cerrados lo que impide la movilización y asistencia de los lugareños. 

-  44.829 niños y adolescentes son privados del derecho a la educación, al menos 80 escuelas permanecen cerradas por instrucciones de la Gobernación. 

- 9.000 personas no tienen acceso a la asistencia médica, los precarios centros de salud prestan servicios parcialmente, además las jornadas de salud y vacunación han sido suspendidas.

- Un total de 1.500 toneladas de alimentos son retenidas, persiste el desabastecimiento lo que ha ocasionado hambruna y pérdidas económicas a los comercios que se encuentran permanentemente cerrados.  

-  El 63 por ciento de los municipios de Santander están asediados por la violencia producto del conflicto y la ausencia funcionarios de seguridad del Estado.

Situación Social 

La comunidad civil, y los integrantes del sindicatos se han organizado y reunido con senadores colombianos y otras organizaciones en la capital del país, respaldado por representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia Católica para exponer los casos de asesinatos de los líderes sociales y la población civil ante la desatendida situación de orden público, que lleva más de un mes.

El Gobierno no ha podido solucionar la situación, y los grupos armados han tomado ventaja en el territorio, por lo que parte de la sociedad se ha retirado de la región, paralizando la agricultura, el comercio  y las actividades regulares.

- 6.632 personas se han desplazados a otros municipios.

- 4.000 indígenas Barí viven en confinamiento (aislados), y con restricciones por el asedio a sus comunidades.

- 2.285 docentes han abandonados las aulas por las restricciones y las pocas garantías de seguridad. 

Por su parte el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo apuntó que el hacinamiento de más de 500 personas en el refugio de Hoyo Pelón, y los continuos ataques y asesinatos de líderes sociales en la región es responsabilidad del Estado, por no abordar la creciente situación desde el inicio.

Diferentes organizaciones sociales y la comunidad de los gremios indígenas, campesinos han organizado manifestaciones pacíficas para exigir al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos asistir la situación de emergencia e inseguridad que afecta a miles de civiles, quienes no tiene garantía de derechos y protección en la región. 

Asimismo, han extendido la petición a los implicados en conflicto a continuar con su disposición para continuar el proceso de diálogo con el Gobierno por el fin de los enfrentamientos. 

>> Decretan calamidad pública en el Catatumbo colombiano


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