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De aprobarse la ley, un área equivalente a Venezuela y Colombia juntas pasará a manos del mercado.

De aprobarse la ley, un área equivalente a Venezuela y Colombia juntas pasará a manos del mercado.

Publicado 8 diciembre 2021



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El proyecto que analizará la entidad legislativa amplía el alcance de la regularización de la tenencia de la tierra.

El Senado de Brasil tiene previsto discutir este miércoles una ley que pretende legalizar el acaparamiento de tierras, propuesta que busca expandirse a los territorios agropecuarios y mineros, así como zonas pertenecientes  a comunidades indígenas y de preservación ambiental.

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El proyecto que analizará la entidad legislativa amplía el alcance de la regularización de la tenencia de la tierra, y  la regularización del suelo federal, pero ha sido rechazado por organizaciones sociales ambientalistas y defensoras de los derechos de las comunidades indígenas, entre otros.

La ley sobre la ocupación ilegal de tierras favorece a las grandes empresas agropecuarias y mineros mientras ya son más de 200 solicitudes ante autoridades brasileñas para colocar áreas de explotación comercial sobre tierra indígenas.

Comunidades campesinas, rurales e indígenas se mantienen en pie de lucha para hacer frente a las maniobras del Gobierno de Jair Bolsonaro, quien desde que llegó al poder a realizado acciones tendientes a ampliar las áreas de explotación en la Amazonía. 

El Congreso Nacional se reúne en sesión conjunta para deliberar sobre 26 vetos y 16 proyectos de ley (PLN). La sesión en la Honorable Cámara de Diputados está prevista para las 14H00 horas y en el Senado, para las 18H00 horas. Los diputados deliberan de nuevo a las 20H00 horas.

Los Comités de Medio Ambiente (CMA) y Agricultura y Reforma Agraria (CRA) fueron los encargados de realizar dos propuestas que determinan un nuevo marco regulatorio para la regularización de títulos de propiedad en el país.

La prisa por legalizar las ocupaciones ilegales ha conmovido al Congreso en las últimas semanas. El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (Partido Progresita), afirmó que guiará tanto el proyecto de regularización como el de licenciamiento ambiental.

La propiedad sujeta a regularización sin inspección cambia de cuatro módulos fiscales a 2.500 hectáreas en todo el país. 

Las propiedades solo serían inspeccionadas con casos de daño ambiental comprobados mediante el agotamiento de los canales administrativos, es decir, cuando pasó por todas las instancias administrativas dentro de la agencia ambiental.

La diputada Greyce Elias (Avante) , relatora del grupo de trabajo creado por la Cámara de Diputados para preparar el proyecto del nuevo Código de Minería, está casada con Pablo César, dueño de empresas de ese sector, y también asesor del presidente del Senado.
 


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