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La Fuerza Nacional permanecerá inicialmente en la región de Yanomami por 90 días prorrogables, según indicó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

La Fuerza Nacional permanecerá inicialmente en la región de Yanomami por 90 días prorrogables, según indicó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. | Foto: EFE

Publicado 14 junio 2021



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La región de Yanomami ha sido objeto de la invasión de buscadores ilegales de oro desde los años 80.

El Gobierno de Jair Bolsonaro, autorizó el envío de la Fuerza Nacional de Brasil a la tierra indígena Yanomami, al norte del país, donde hace semanas se viven fuertes conflictos entre los indígenas y los buscadores ilegales de oro y piedras preciosas (garimpeiros).

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Según los medios locales, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública autorizó “el empleo de de la Fuerza Nacional en apoyo a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) en la tierra indígena Yanomami”.

Bajo la premisa de que su presencia es “imprescindibles para la preservación del orden público”, los agentes estarán en la zona durante un plazo de 90 días prestando servicios. Esta estancia es prorrogable.

Se desconoce el número de efectivos a emplear, pero el cuerpo está formado por policías y bomberos de rodos los estados de Brasil que tomarán por sede de la operación la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima.

La región de Yanomami recibe desde los años 80 las invasiones de buscadores ilegales de oro, pero en los últimos meses, los conflictos se han tensado, debido a la crisis sanitaria de la Covid-19, pues los garimpeiros no están respetando las “barreras sanitarias” colocadas por los nativos para impedir la entrada del virus en sus tierras.

El pasado 10 de mayo los invasores atacaron con disparos la comunidad de Palmiú, situado en el camino hacia los campamentos ilegales que tienen instalados en medio de la selva para extraer el oro.

Por esta razón, el juez del Tribunal Supremo Federal, Luís Roberto Barroso, dictó que el Gobierno debía tomar de forma inmediata “todas las medidas necesarias” con el objetivo de proteger la vida, la salud y la seguridad de las poblaciones de las tierras Yanomami y Munduruku.

Barroso enfatizó en la vulnerabilidad de la salud de esos pueblos está siendo “agravada por la presencia de invasores, por el contagio por COVID-19 que ellos generan y por los actos de violencia que practican”.

La petición ante el tribunal había sido presentada por la articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la Defensoría Pública de la Unión, organizaciones en defensa de los derechos humanos y por seis partidos políticos.


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