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Las reparaciones y sustitución de los tramos dañados significarán un gasto de 320 mil dólares.

Las reparaciones y sustitución de los tramos dañados significarán un gasto de 320 mil dólares. | Foto: Prensa latina

Publicado 2 septiembre 2016



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“Buscaban desestabilizar el país golpeando los pilares de la seguridad energética”, destacó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), abrió un proceso legal contra dirigentes de las cooperativas mineros a los cuales responsabilizó por el sabotaje que sufrió el oleoducto OSSA-2, uno de los más importantes del país.

El pasado martes la YPFB, acusó a los dirigentes de las cooperativas mineras de haber usado dinamita y llantas quemadas para dañar un oleoducto de exportación de crudo que se dirige a Chile, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá.

Cerca de 18 metros de tuberías quedaron dañadas tras las violentas protestas de la semana anterior, cuando integrantes del sector cooperativo minero incendiaron unas 20 llantas bajo el trazado y cuyos rastros permanecen todavía a su alrededor.

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Planes desestabilizadores

Las manifestaciones buscan presionar el Gobierno del presidente, Evo Morales, para obtener  mayores concesiones mineras, quedar exentas de pagos de impuestos y lograr la firma de contratos con empresas trasnacionales, entre otras demandas.

“Buscaban desestabilizar el país golpeando los pilares de la seguridad energética. Pretendían cortar el suministro de combustibles entre el oriente y el occidente y con ello, paralizar las refinerías y la entrega de gas natural, gasolina y diésel”, recalcó Guillermo Achá, presidente de la petrolera

Indicó que los alzados atentaron contra el OSSA-2, mediante la explosión de una dinamita en Pongo -a unos 280 kilómetros de La Paz-, y la quema de llantas en Panduro. Las reparaciones y sustitución de los tramos dañados significarán un gasto de 320 mil dólares.

Los atentados ocurrieron en un oleoducto importante de nuestro sistema de transportes, cuyas consecuencias hubieran paralizado el suministro de combustibles en el país, advirtió Achá.

El funcionario Sostuvo que las tuberías del OSSA-2, paralelo al Gasoducto del Altiplano, podrían haber interrumpido el abastecimiento a las ciudades de Oruro y La Paz, además de paralizar el transporte de combustibles a Santa Cruz y Cochabamba, porque se interconecta con el OSSA-1.

También hubieran parado las operaciones la refinería Gualberto Villarroel y en menor proporción, la Guillermo Elder Bell, con la consiguiente caída de la producción nacional de gas licuado de petróleo, diésel y gasolina.

Por ello, calificó las acciones de una conspiración y atentado contra YPFB y el pueblo boliviano, lejos de una postura de reivindicaciones del sector cooperativo minero.

El presidente de la estatal petrolera explicó que las reparaciones en la tubería iniciarán mañana o el domingo durante unos cinco días, para lo cual se crearon las condiciones de infraestructura, a fin de garantizar el suministro de gas y combustibles a las ciudades por otras vías.

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En contexto

La denuncia de YPFB por los supuestos delitos de asociación delictuosa, peligro de estrago, atentado contra la seguridad del Estado y daños calificados fue presentada contra un grupo de siete dirigentes mineros, entre ellos el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani.
Mamani y otros ocho dirigentes de Fencomin están recluidos desde el fin de semana en penales del altiplano tras haber sido acusados del asesinato del viceministro boliviano de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, durante las protestas de la semana pasada.

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