Violencia contra pueblos originarios en Argentina

La desaparición del defensor de la etnia mapuche Santiago Maldonado, ocurrida a inicios de agosto en Argentina, ha producido una ola de rechazo de la nación hacia las autoridades policiales, por el atropello emprendido contra las comunidades originarias.

Asimismo, la detención del dirigente mapuche Facundo Jones Huala se suma a los atropellos que sufre la comunidad indígena argentina en la actualidad.

Abusos y violación de derechos humanos hacia las comunidades

En Argentina, uno de los principales problemas de las comunidades originarias radica en los abusos policiales a los que son sometidos, debido al poco respeto que existe sobre este sector de la población y a la concesión de la tierra.

Los principales atropellos que sufren estas comunidades pasan por la expulsión de estos grupos de territorios que, originalmente, le pertenecen. Pese a estar amparados por la ley y la existencia de numerosas leyes que los favorecen, los organismos judiciales y las altas autoridades no velan por el cumplimiento de las mismas.

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El 26 de junio, la Comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 (que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas, y por ello, frena los desalojos de este tipo), decenas de policías avanzaron contra la comunidad. El operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello Reinoso y el juez Eudoro Albo.

Principalmente, la comunidad mapuche ha sido víctima, en reiteradas oportunidades, de atropellos por la violenta represión de los efectivos de Gendarmería y la Policía.

Por otra parte, la falta de atención y la poca importancia que se les otorga a estas comunidades han ocasionado hechos lamentados por los grupos originarios.

Entre el 16 de diciembre de 2016 y el 7 de enero, la comunidad wichí denunció que murieron 26 personas en 23 días en Santa Victoria Este, región norte de Salta. Todas por causas evitables y falta de atención básica de salud.

“No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre murieron 16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 más, sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que quedó en nuestras comunidades”, lamentó el dirigente wichí Pedro Lozano.

Reclamos de organizaciones

Son numerosas las organizaciones que han denunciado los atropellos que sufren los pueblos indígenas, al igual que las acciones xenófobas y racistas a las que estas son sometidas, principalmente por el problema de la propiedad de la tierra.

"Hay un universo muy rico de comunidades, aunque no todas originarias de la provincia, que vienen reclamando por la tierra y mejores condiciones de vida", afirmó el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón.

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Además, el funcionario destacó que el derecho internacional reconoce que parte de las tierras que reclaman en muchos casos les pertenecen a ellos.

"Fue reconocido en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha sido cumplido por algunos países. Entonces cualquier actividad sobre esas tierras, el Estado los debe consultar previamente a ellos porque son los dueños de la tierra. Ahí se ha encontrado una solución jurídica a un reclamo histórico que tiene 500 años", señaló Cantón.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas en la Secretaría de DD.HH., Mishkila Rojas, ha defendido la existencia de una "deuda histórica", que es el acceso a la tierra, pero que también trabajan en otras problemáticas como incentivar la economía de estos pueblos o el rol de la mujer indígena.

"Hay una discriminación hacia estas comunidades y una invisibilidad de su identidad. Por eso trabajamos desde la Provincia en coordinación con Nación y municipios para superar estas cuestiones", señaló la funcionaria.

En el marco de la lucha del pueblo mapuche, un centenar de organizaciones de pueblos originarios, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la "estigmatización y persecución" que sufre esta comunidad.

El texto presentado apunta como responsables al Gobierno argentino: "El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche".

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