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El funcionario acusó a la fiscal general de mentir sobre la selección de los magistrados en el país.

El funcionario acusó a la fiscal general de mentir sobre la selección de los magistrados en el país. | Foto: Hispan tv

Publicado 17 junio 2017
teleSUR
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"Ella mintió al país. Serán consideradas faltas graves del fiscal atentar, amenazar o lesionar la ética pública", dijo el diputado venezolano Pedro Carreño, quien solicita la evaluación. 

El diputado venezolano Pedro Carreño, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), solicitó este viernes una evaluación para enjuiciar a la fiscal general de ese país, Luisa Ortega Díaz, quien ha insistido en frenar la Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro. 

Desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, el diputado afirmó que la funcionaria "se constituyó en una activista política de la derecha" con sus recientes acciones en medio del contexto de protestas violentas convocadas por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que han dejado decenas de muertos y cientos de heridos en abril. 

>> ¿Qué pasa en Venezuela con la fiscal general?

El parlamentario pidió al ente judicial administrar un procedimiento que permita determinar si Ortega Díaz incurrió en una "falta grave", lo que conllevaría a la destitución de su cargo. Carreño pidió además una medida cautelar para congelar los bienes de la fiscal general y prohibir su salida del país. 

“Introduzco este escrito ante el TJS para que la Sala Plena inicie el proceso que establecen las leyes, califique la falta grave y declare si hay mérito para enjuiciar a la fiscal”, dijo.

El diputado acusó a Ortega Díaz de mentir cuando aseguró que "no había respaldado la preselección de 33 magistrados del TSJ en diciembre de 2015.

 

 

De acuerdo con la oposición venezolana, estos magistrados actúan bajo el control del Gobierno, sin embargo, la fiscal general validó el proceso de sus candidaturas, junto con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, órganos que integran el Consejo Moral Republicano. 

Carreño indicó que para esta solicitud apeló al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano – que establece que los integrantes del Consejo Moral Republicano serán removidos de sus cargos por el Parlamento, previo pronunciamiento del TSJ en Sala Plena, que declare si hay mérito para su enjuiciamiento– y al artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que estipula las faltas graves del o la titular del Ministerio Público.


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