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El sacerdote Alejandro Solalinde, reconocida figura que ha denunciado abusos de autoridad, responsabilizó al Gobierno mexicano de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y aseguró que el asesinato de seis jóvenes de esa casa de estudios el 26 de septiembre pasado es un crimen de Estado.
Solalinde, indicó este jueves en una entrevista exclusiva para teleSUR, que el Gobierno mexicano siempre ha pretendido cerrar todas las escuelas normales porque sus estudiantes son progresistas y se muestran críticos a las gestiones gubernamentales. "Siempre han pretendido cerrar las normales porque son un foco de conciencia. Estas voces no caben, no cabe la oposición, la disidencia".
“Creo que el gobierno ha perdido el control sobre esto, todo México peligra, ¿cómo me voy a preocupar más por mi seguridad si peligra todo el país?” Alejandro Solalinde
También señaló que la información de cuatro de sus cinco fuentes sobre lo sucedido a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa coincidió con lo recabado por la Procuraduría General de la República (PGR). Destacó que sus cinco fuentes son auténticas, pero no puede revelar sus identidades.
El pasado lunes 20 de octubre, el sacerdote afirmó que un testigo de los hechos violentos en Iguala (estado de Guerrero, sur de México) le narró que los estudiantes fueron quemados vivos, pero se negó a dar detalles de su fuente porque su vida peligra.
Solalinde contó a los periodistas que había hablado con varios de los testigos directos de lo ocurrido esa noche e incluso uno de ellos le contó que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron quemados estando heridos.
Al ser interrogado de si hablaba de todos o de una parte de los 43 jóvenes desaparecidos y si conocía el lugar en el que fueron asesinados, el activista señaló que no lo sabía porque "la información está fragmentada".
En la entrevista para teleSUR, dijo que no se puede probar que los cuerpos en las fosas clandestinas pertenecen a los normalistas, por lo cual deben esperar a que el equipo argentino de antropología forense determine la identidad, por lo tanto "la búsqueda sigue en pie".
Indicó que en una reunión realizada este miércoles con la Procuraduría General de la República (PGR) "se pidió medidas cautelares para proteger las 43 familias y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (...) el día de ayer hicimos una reunión con representantes de los desaparecidos y los estudiantes, ellos pidieron protección, se le solicitó a la PGR medidas cautelares para que estas familias sean protegidas".
En la reunión también se invitó a la PGR a implementar en la búsqueda instrumentos más sofisticados, no sólo drones, sino láser y la PGR lo aceptó”. Solalinde confirmó que en los últimos tres días ha recibido amenazas, pero esta situación no le impedirá continuar con las denuncias y la búsqueda de los estudiantes. “No importa más que todo el riesgo que tiene México, desgracias nunca jamás vistas (...) un México descontrolado”.
"Las normales han sido un dolor de cabeza para el gobierno".
Aseguró que Guerrero es un lugar muy peligroso: “Si uno habla al día siguiente amaneces muerto (...) México está lleno de crimen organizado”, pero indicó que el mayor peligro proviene de las autoridades que están involucradas con los criminales.
Detalló que el Gobierno mexicano insiste en sobornar a los familiares de los normalistas desaparecidos para que desistan en su búsqueda de justicia. Dijo que los familiares de los normalistas desaparecidos también están en peligro, pues "Guerrero es un lugar muy peligroso y los familiares no confían en los organismos públicos".
Detalló que el pasado miércoles llevaron a cabo una reunión con representantes de los estudiantes de Ayotzinapa, que solicitaron medidas cautelares para su protección.
En contexto
Entre el 26 y 27 de septiembre, la policía de Iguala disparó contra los autobuses donde se trasladaban los estudiantes normalistas, hecho que dejó a seis personas muertas (una con signos de tortura) y 17 heridas, además de 58 estudiantes desaparecidos, de los cuales 15 aparecieron, uno de ellos muerto.
La indignación global por el caso también se sustenta en la aparente inacción del Gobierno nacional y su falta de respuestas en un caso de desaparición masiva y a la luz pública. Los familiares de los jóvenes, que llevaban a cabo una protesta contraria al Gobierno regional, han asegurado que no confían en la claridad de la investigación del caso.
