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A pesar de la alegría que generó la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 5 en los miles de familiares de las víctimas de tortura y asesinato perpetrados en la ESMA, el proceso aún no termina para ellos y para las organizaciones de Derechos Humanos que han seguido de cerca la causa que tiene cinco años buscando justicia por los crímenes cometidos contra la humanidad durante el régimen dictatorial entre 1976 y 1983.
De los 54 juzgados el pasado miércoles en el mayor juicio de la historia argentina, 29 fueron condenados a cadena perpetua, a 19 se les dictó penas entre ocho y 25 años de prisión, y los restantes seis fueron absueltos.
“Estos seis absueltos tienen muy preocupada a la gente (...) porque había razones suficientes para que fuesen condenados (...) se está replanteando el tema de que se explique por qué fueron absueltos, estamos esperando las resoluciones que tomen los abogados de los familiares y los sobrevivientes”.
El papel destacado de los sobrevivientes
Los sobrevivientes de secuestro y tortura en la ESMA han sido pieza clave en la reconstrucción de los hechos que tuvieron lugar en este sitio de detención clandestina, y el aporte testimonial a los juicios realizados por los crímenes cometidos por funcionarios públicos de la dictadura.
Dentro de los sobrevivientes, se encuentra Víctor Basterrra, cuyo aporte ha sido fundamental, por su testimonio y por el aporte documental, debido a que durante el tiempo que estuvo en cautiverio pudo tomar y ocultar fotografías de algunos de las personas detenidas y de los involucrados en los crímenes que se están juzgando.
El juicio se realizó por un número de 789 víctimas, sin embargo el número de personas que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada asciende a los cinco mil.
Retroceso en materia de Derechos Humanos en el Gobierno de Mauricio Macri
Refiriendose al tercer juicio de la megacausa ESMA, Calloni dice que “la sentencia fue extraordinaria porque había mucho temor entre los familiares, muchísimo temor por las actitudes que está tomando el Gobierno actual, de que los jueces no se animaran a condenar”.
En mayo del presente año la Corte Suprema de Justicia falló en favor del exrepresor Luis Muiña, para quien se aplicó la ley 24.390 -conocida popularmente como 2x1-, la cual indica que pasados dos años de prisión preventiva sin condena, se debían computar dobles los días de detención, lo cual otorga beneficios de reducción a la condena a personas que han estado involucradas en crímenes de lesa humanidad.
Los absueltos por el TOC N° 5
Julio Alberto Poch: de 65 años de edad, fue piloto de la Aviación Naval. Tenía 24 años cuando inició la dictadura en Argentina. Está acusado de participar como piloto en los vuelos de la muerte, en los que fueron arrojadas personas al Océano Atlántico desde aviones militares. Se le imputó por el caso de 30 víctimas, acusado de los delitos de coautor de la privación ilegal de la libertad y la aplicación de violencia y partícipe necesario de homicidios todos delitos agravados por su condición de funcionario público. Fue denunciado por dos de sus compañeros de trabajo, entre ellos Tim Eisso Weert, un piloto holandés a quien relataría su participación como piloto en los vuelos de la muerte. Fue solicitado en extradición por la justicia argentina en el año 2008, su detención se realizó en la ciudad española de Valencia un año después.
Juan Ernesto Alemann: fue secretario de Hacienda entre 1976 y 1981 durante la dictadura. Se le señala de presenciar y dirigir las torturas inflingidas a Orlando Ruíz en 1979 durante una visita que Alemann hiciese a la ESMA luego de haber sufrido un atentado del cual se acusaba a Orlando Ruiz. Dos sobrevivientes del centro clandestino dan testimonio de la relación de Alemann en la dirección de los actos en que se torturó a Orlando Ruíz. Los cargos en su contra son de coautor del delito de tormentos. En otras ocasiones ha sido acusado penalmente por declaraciones referentes a los actos de represión y el secuestro de bebés durante la dictadura militar. Entre las opiniones que ha emitido, dice sobre el robo sistemático de bebés que “eran chicos que sobraban, porque estos guerrilleros constituían parejas y mientras peleaban tenían hijos. Era una irresponsabilidad. Pero no hubo robo de chicos. Hay que tener estómago para hacerse cargo del hijo de un guerrillero..”
Ricardo Jorge Lynch Jones: En su defensa afirmó que el autor de los hechos que se le imputan fue su fallecido hermano. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal aseguró que ambos formaron parte del grupo de tareas 3.3.2, además de haber recibido condecoraciones por su desempeño en él. Lynch Jones se encargaba de llevar los explosivos que hacían estallar en las casas de las personas que iban a secuestrar. Sobrevivientes de la ESMA han dado cuenta de la presencia de Lynch Jones en este centro clandestino, destinado a la tortura y el exterminio de personas consideradas subversivas.
Roque Angel Martello: Fue miembro del Ejército y se lo imputa por el secuestro y traslado a la ESMA de Laura Di Doménico, quien continúa desaparecida, en la ciudad de Santa Fe donde el acusado estaba destinado en comisión a la Policía de Santa Fe. El secuestro se realizó el 24 de septiembre de 1976, de esto dan cuenta sobrevivientes de la ESMA que aseguran haberla visto. Martello era especialista en Inteligencia y Comando y para el Ministerio Público Fiscal jugó un papel fundamental en el intercambio de información; ambos cursos tenían una línea “antisubversiva”. Para concretar el secuestro de Di Doménico la Armada debió pedir el apoyo del Ejército, que era la fuerza a cargo de esa zona. Martello está imputado también en una segunda causa en Santa Fe por el homicidio de otros dos militantes montoneros, Nora Meurzet y Antonio Mendicute, el 3 de enero de 1977.
Emir Sissul Hess: es acusado de ejercer funciones como piloto en los vuelos de la muerte. En los dos primeros años de la última dictadura, con el grado de teniente de corbeta, integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, denunciada como una cobertura de represores de la ESMA por el cabo Raúl Vilariño, quien ya en 1984 mencionó los vuelos de la muerte. En su declaración indagatoria se desvinculó de los hechos. Dijo que su escuadrilla no formó parte de ninguna fuerza de tareas y que solo estaba habilitado para volar helicópteros. En su lugar de trabajo en repetidas ocasiones hizo comentarios relacionados con su participación en los vuelos de la muerte.
Ruben Ricardo Ormello: fue cabo segundo de la Armada durante la dictadura. Su detención se realizó en mayo de 2011 gracias a una denuncia realizada por sus compañeros de las Aerolíneas Argentinas cuando relató el procedimiento mediante el cual se arrojó a una mujer al Océano, hecho en el cual participó. Fue absuelto porque se consideró que no es prueba suficiente su autoinculpación involuntaria.
