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Miles de personas con discapacidad en Bolivia han protagonizado varias protestas para exigir al Gobierno nacional el pago de un bono mensual por 500 bolivianos al mes (72 dólares) para cubrir sus necesidades, pero la solicitud fue negada por afectar las arcas públicas del país; en cambio se ofreció un acuerdo que otorgaría 42 beneficios para mejorar la calidad de vida de ese sector.
Las autoridades nacionales aclararon que la exigencia de un bono mensual es inviable porque significaría 6 mil bolivianos anuales por cada persona con discapacidad, monto que supera el presupuesto de al menos 4 gobernaciones de las principales ciudades del país.
Sin embargo, un sector de las personas con discapacidad se niega a aceptar el acuerdo de 42 puntos y continúan exigiendo el bono de 72 dólares al mes. Además, rechazan los llamados al diálogo de la junta del Gobierno boliviano, amenazan con radicalizar las protestas y pedir la revocatoria del mandato de Evo Morales.
Los manifestantes recorrieron 384 kilómetros en una marcha que duró 30 días, desde Cochabamba (tercera ciudad en importancia económica de Bolivia) hasta la plaza Murillo de La Paz, sede del Gobierno, donde se apostaron en vigilia y organizaron protestas callejeras para exigir el diálogo directo con el presidente Evo Morales.
Ante las discrepancias de ideas, el Gobierno de Bolivia convocó al sector de personas con discapacidad en 16 oportunidades, igual número de veces que rechazaron iniciar conversaciones.
Acuerdo de 42 puntos estratégicos
Tras el rechazo de un sector de las personas con discapacidad, que se negó a las conversaciones sin la presencia del mandatario nacional, la junta de gobierno, a través de los ministros, recurrió a entablar las conversaciones con la Dirigencia Nacional para los Discapacitados.
El 29 de abril, cuatro días después de las incesantes protestas, se firmó el acuerdo entre los representantes departamentales de las personas con discapacidad y cinco ministros de las áreas de salud, vivienda, economía y empleo, que contempló 42 puntos estratégicos y tendrá mayor alcance de beneficios que los 72 dólares mensuales que demandan.
"Llegamos a acuerdos importantísimos en distintas áreas, como en salud, educación, empleo, vivienda, productividad, créditos y también en el fortalecimiento de las organizaciones que acogen a miles de personas con discapacidad", resumió el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
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Por su parte, Roberto Nacho, presidente de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad, recalcó que "los acuerdos serán inmediatos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad".
Cuatro personas que permanecían en la intemperie reclamando el bono mensual, decidieron declararse en huelga de hambre.
En relación al bono mensual que demanda el sector movilizado, el ministro Quintana explicó que se estableció la constitución de una comisión que, en el marco de la mesa nacional, permita a representantes de las Federaciones y el gabinete social estudiar, analizar y evaluar las medidas que se van a adoptar como Estado en favor de las personas que tienen discapacidad grave y muy grave.
Fines políticos detrás de las protestas
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, aseguró que detrás de las medidas radicales del grupo de personas con discapacidad hay fines políticos.
"Nos parece que hay sectores políticos de oposición que están intentando aprovechar este movimiento con otros fines", insistió Rada.
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"No entendemos qué pretenden con querer ingresar a plaza Murillo (de La Paz). ¿Piensan tomar Palacio de Gobierno? Todo indica que buscan generar un clima de desestabilización y violencia, y se ve que hay sectores que quieren aprovechar este movimiento", declaró en una conferencia de prensa.
El dirigente Jorge Flores explicó que pedirían la revocatoria del mandato de Morales como uno de los últimos recursos en la estrategia en demanda de atención del bono.
Entre las medidas de protestas adoptadas por los manifestantes, está la obstaculización de las vías principales de La Paz, alteración del orden público, y han puesto en riesgo su propia vida.
Líderes del grupo dijeron a la prensa local que mantendrán sus medidas de protesta y esperan que el presidente Evo Morales les responda por escrito que no atenderá su solicitud para asumir otro tipo de acciones.
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