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Juan Manuel Santos prometió crear el Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el ejercicio de la política.

Juan Manuel Santos prometió crear el Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el ejercicio de la política. | Foto: @JuanManSantos

Publicado 3 mayo 2017



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La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad aseguró que 61 líderes defensores de DD.HH. fueron asesinados en 2016 mientras que 14 fueron asesinados en lo que va de 2017. 

El Gobierno de Colombia anunció este miércoles un proyecto de ley que dotará de más herramientas a la Fiscalía para procesar a responsables de ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos, cuando ya suman 14 asesinados este mes. 

"El proyecto crea nuevos tipos penales, como el asesoramiento a organizaciones criminales, combate el enriquecimiento por minería ilegal e incrementa las penas asociadas", dijo el presidente Santos en un discurso. 

Santos admitió que de los responsables de los 14 asesinatos de 2017, solo una persona fue detenida y llevada a prisión mientras que faltan por cumplirse cuatro capturas más. 

El anuncio sobre el nuevo proyecto de ley surgió luego de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad verificara que 61 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2016 mientras que 11 de los 14 asesinados este año están en proceso de verificación por las Naciones Unidas. 

"No vamos a permitir que organizaciones criminales amenacen la tranquilidad y la convivencia, vamos a proteger el ejercicio de la política, de los liderazgos sociales y de los voceros de las víctimas", dijo Santos. 

El mandatario aseguró que se fortaleció la estatal Unidad Nacional de Protección y que encargó al vicepresidente Óscar Naranjo coordinar la política de lucha contra los violentos junto con la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. 

Santos prometió crear el Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el ejercicio de la política, que permitirá coordinar con los movimientos, partidos políticos y organizaciones de DD.HH. las acciones para garantizar el libre ejercicio de la política en Colombia, país que atraviesa un largo proceso de restauración de la paz entre el Estado y los grupos combatientes FARC- EP y ELN. 


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