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Publicado 9 mayo 2016



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La presidenta brasileña reiteró que no existen pruebas para ser sometida a un juicio político por presunto desvío de fondos públicos.  

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó este lunes que no permitirá bajo ningún motivo una interrupción de su mandato por personas que irrespetan la democracia del pueblo brasileño. 

"Voy a seguir luchando para impedir la interrupción ilegal y la usurpación de mi mandato por personas que no tienen las condiciones para ser electos de manera democrática", dijo durante la inauguración del Terminal del Aeropuerto de Santa Genoveva en el estado Goiás (Centro-Oeste del país). 

Recalcó que seguirá dando la cara contra las injusticias que pretende imponer la derecha brasileña en su contra. "Ellos subestiman la inteligencia de los brasileños, piensan que no saben lo que contempla la Constitución", añadió. 

Recordó que para que haya un impeachment (juicio político) es necesario que exista un delito de responsabilidad. "Quieren involucrarme en desvío de fondos del Estado, en corrupción y otras cosas más para llegar al poder de manera indirecta", sostuvo.  

El domingo 17 de abril la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el pedido de juicio político contra Rousseff, con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes.

Ese juicio político pasó a una nueva etapa jurídica luego de que el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhão, decidiera anular la votación del 17 de abril por falta de argumentos. 

La corresponsal de teleSUR en Brasil, Adriana Robreño, detalló que tras la anulación de la votación del pasado 17 de abril, se procederán a realizar 5 sesiones para debatir, analizar y votar nuevamente el pedido de juicio político contra la mandataria.

El analista Beto Almeida comentó que debería ocurrir una suspensión del proceso en el Senado hasta que surja una nueva votación en la Cámara de Diputados.

En contexto

Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir que se mantengan al frente del Gobierno.

La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas contra la mandataria brasileña, quien ha reiterado su inocencia.


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