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El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo amenaza al agua de Santiago.

El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo amenaza al agua de Santiago. | Foto: Wikimedia Commons

Publicado 13 mayo 2016



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La Justicia chilena estudiará las posibles consecuencias de los trabajos de construcción de AES Gener, que podrían haber contaminado las aguas del río Maipo, en Santiago.

Una corte chilena aceptó de manera unánime un recurso de protección para el río Maipo, en Santiago, contra la compañía de capitales estadounidenses AES Gener (dueña del 60 por ciento)  y la chilena Antofagasta Minerals (40 por ciento) tras la amenaza de contaminación en la zona por un proyecto hidroeléctrico de la multinacional. 

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El recurso de protección lo introdujo la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, luego de que los primeros trabajos, que comenzaron en febrero, despertaron la polémica por sus potenciales efectos contaminantes sobre el río que recorre el área metropolitana de la capital chilena.

La coordinadora basó su denuncia en las "altas concentraciones de metales pesados y elementos tóxicos" en las aguas cercanas a las faenas de excavación de túneles de la central. 

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La Comisión de Evaluación Ambiental y la Sociedad Alto Maipo, compuesta por AES Gener y la Antofagasta Minerals, en un comunicado alegó que los metales pesados que contiene el agua son consecuencia de "la conformación geológica" de la montaña por la que circula el curso fluvial.

La sociedad también aseguró, en el documento, que el tribunal rechazó "revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto", por lo que continuará con el proceso normal de construcción. 

La firma añadió que tiene "la absoluta certeza" de que sus operaciones "no han alterado las condiciones del agua de los afluentes o del río Maipo".

El dato: La información oficial indica que la infraestructura tendrá dos unidades, Alfalfal II y Las Lajas, que requerirán 67 kilómetros de túnel y 17 kilómetros de líneas de transmisión. 

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Revisión 

La Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, en un plazo de 30 día, realizará un estudio para identificar la posible responsabilidad de las obras por la presencia en el afluente de metales pesados y toxinas por encima de los niveles permitidos, según han ordenado los jueces, tras el fallo. 


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