Protestas de la Minga Agraria y el acuerdo de paz de las FARC

Desde el pasado 30 de mayo trabajadores del campo han llevado a cabo paros y movilizaciones en rechazo al actual modelo económico y de desarrollo del Gobierno colombiano así como de repudio a los paramilitares que aún operan en su territorio.

La denominada Gran Minga Nacional se opone a las políticas gubernamentales que responden a los Tratados de Libre Comercio y que se expresan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que pone en venta los recursos estratégicos de la nación, las empresas públicas, los bienes energéticos, el agua y distribuye de manera desigual la tierra, aumentando los beneficios a unos pocos.

Incumplimiento de los acuerdos

Las protestas realizadas por la Minga Agraria son una medida de exigencia para buscar el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno nacional en los paros agrarios que se realizaron en el 2013 y 2014.

Entre lo pactado entre el gobierno y los campesinos está el compromiso de compensarlos por las importaciones de los productos que ellos cultivan.

También se acordó constituir zonas de reserva campesina para otorgarle autonomía a los territorios para el fortalecimiento de su economía, superación del conflicto y logro de la paz, así como medios de producción que serían proporcionados por el Estado. En tal sentido las demandas de los campesinos coinciden con lo establecido en el punto uno de la agenda de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), señaló el senador Iván Cepeda en entrevista exclusiva para teleSUR.

Las demandas de la Minga Agraria y el acuerdo de paz de las FARC

El senador Iván Cepeda señaló que “la protesta agraria que se desarrolla en Colombia, el tema central es precisamente una reforma rural integral que evite que se siga produciendo una inequitativa concentración de la tierra".

Las demandas buscan que “los territorios tanto de los indígenas como de las comunidades afrodescendientes y de las comunidades campesinas sigan siendo objeto de una inmisericorde explotación de carácter minero energético que destruye fuentes de agua y sistemas ecológicos fauna y flora y que frustra la posibilidad de una economía campesina y de un desarrollo agrario”.

Explicó que las demandas de los campesinos "coinciden con el punto uno que se ha acordado en este proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno”.

“Atañe precisamente a que haya una reforma agraria integral. Esta movilización y estas exigencias que se han hecho desde la mesa de paz son plenamente coincidentes”, indicó.

Cepeda añadió que “la movilización agraria va más allá de la aplicación del acuerdo. Tiene que ver con un variado número de problemas que tiene hoy el campesinado, el movimiento indígena y afro descendientes en Colombia”.

Entre las diferencias sustanciales, el analista destacó que “en las movilizaciones hay una agenda más amplia, se discuten asuntos que no han sido discutidos o que si han sido discutidos no han sido consensuados en La Habana. Está todo el tema de la explotación minero energética de las grandes transnacionales que explotan el carbón y oro en condiciones desiguales para el país”.

La respuesta de Santos

Aunque el gobierno afirma que el diálogo continúa abierto, organizaciones de la Cumbre Agraria consideran que se trata de un doble discurso del gobierno, pues ya han pasado casi tres años de los acuerdos con los campesinos sin que haya habido ningún avance o progreso en las demandas.

La Mesa Nacional de Unidad Agraria de Colombia denunció el pasado 2 de junio la “violación sistemática a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional”, desde que inició la Cumbre Agraria y responsabilizan de estas acciones al presidente Juan Manuel Santos.

El mandatario “quiere dar soluciones a los compromisos adquiridos con los campesinos a punta de plomo, gases, judicializaciones a los que venimos protestando”, asevera la organización mediante una nota de prensa.