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La Procuraduría del estado de Sonora reveló que funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en ese estado mexicano conformaron durante los últimos años una red de tráfico de niños recién nacidos.
La organización delictiva estaba integrada por un exfuncionario del DIF de Sonora, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, quien identificaba a mujeres vulnerables por problemas de drogadicción o alcoholismo que daban a luz en el Hospital Integral de la Mujer de ese estado.
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Los niños recién nacidos, que debían ser ingresados a la casa hogar Unacari del sistema DIF, eran vendidos por el exfuncionario y su cómplice, el abogado José Manuel Hernández López, a personas que esperaban adopciones. Lo niños eran vendidos hasta en 150 mil pesos (casi 9 mil dólares).
Hasta el momento se han identificado a nueve bebés que fueron arrebatados por el exfuncionario de la DIF a sus madres.
Modus operandi:
El procurador Carlos Navarro Sugich declaró en rueda de prensa que López y Arzate "se encargaban de identificar a parejas dispuestas a entregar dinero. Vladimir recogía al bebé y este nunca ingresaba el menor al DIF, nunca ingresó la información al Estado, como normalmente ocurre con los bebés que nacen de madres vulnerables".
Posteriormente acudían a un médico que proporcionaba avisos de nacimiento con el nombre de la falsa madre, en un documento listo para que se plasmara la huella de la planta del pie del bebé respectivo. Entonces llevaban a los menores al Registro Civil y obtenían un acta de nacimiento, como si fuera un hijo biológico legítimo.
Peso de la ley:
La Procuraduría local detalló que por los delitos de supresión, ocultación y sustitución de menores, López y Arzate podrían enfrentar una penalidad de 6 meses a 6 años de cárcel y de 15 a 40 años de prisión por sustracción y tráfico de niños.
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