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Un acuerdo firmado este viernes entre el gobierno de Espírito Santo, en el sudeste de Brasil, y asociaciones representantes de la Policía Militar abrió la puerta para poner fin a la crisis de seguridad que desató una ola de violencia con al menos 121 muertos.
Tras seis días de un auténtico caos en las calles de Vitoria, la capital regional, y otras ciudades del estado, las partes alcanzaron un pacto recogido en ocho puntos que debe terminar con la huelga iniciada por los agentes en protesta por las malas condiciones laborales y la falta de inversión en seguridad.
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En el acuerdo está previsto que la huelga termine "a las 07.00 hora local" (09.00 GMT) de este sábado, hora en la que "volverán a las actividades", afirmó el secretario de Derechos Humanos de Espírito Santo, Julio César Pompeu, en una rueda de prensa.
Pompeu aseguró que los agentes que secundaron el paro "no sufrirán sanciones disciplinarias".
No obstante, el secretario dejó en el aire la retirada total de los cargos presentados por el Gobierno contra unos 700 policías por delito de "revuelta", cuya pena puede llegar a los 20 años de prisión.
"Aquellos que fueron presentados, ya están presentados y esas investigaciones van a seguir su curso normal", apuntó Pompeu, con un tono más afable que anteriores comparecencias realizadas por miembros del mismo gabinete, quienes prefirieron optar por la vía de la mano dura.
Esa dureza en el discurso fue manifiesta también en las palabras del presidente interino Michel Temer, quien se pronunció por primera vez de la crisis en Espírito Santo, la que era hasta entonces una de las regiones con menor tasa de homicidios del país.
El mandatario expresó en una nota oficial su "condena" a la "paralización ilegal" de la Policía Militar y afirmó que el gobierno actuará con todo el "rigor" para contenerlas, pues se trata de "comportamientos inaceptables".
Además, instó a los agentes a que "vuelvan al trabajo, como ha determinado la justicia", y que negocien sus salarios "dentro del más absoluto respeto a la ley".
Desde el comienzo de la huelga, la ausencia de las patrullas en las calles ha provocado una ola de violencia que se ha saldado con al menos 121 personas muertas, saqueos y un incremento de los robos, según datos del Sindicato regional de los Policías Civiles.
La crisis obligó al estado a solicitar la ayuda del Ejército y de la Fuerza Nacional, que se hicieron cargo de la seguridad regional con la llegada desde el miércoles de más de 2.000 soldados y agentes especializados, lo que redujo las acciones violentas, pero no acabó definitivamente con ellas.
"Estoy cansado de tener miedo", afirmó Pompeu, quien instó a las mujeres de los policías a levantar el bloqueo de los batallones y dejar a los agentes volver al trabajo.
Durante los últimos seis días, los familiares de los policías militares han acampado en la puertas de los cuarteles para impedir la salida de los agentes, quienes por tener estatus de soldados no pueden declararse en huelga o se enfrentan a una pena de dos años de prisión.
El acta de la reunión que debe poner fin a la huelga, filtrada por el diario O Globo, señala que el pacto es extensible "a todas las unidades en todo el estado de Espírito Santo" y en él el Gobierno regional afirma a que los policías que secundaron la huelga "no sufrirán castigos disciplinarios".
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El documento también recoge el compromiso de crear una comisión para estudiar "la carga horaria de trabajo de los policías y los bomberos militarizados" con un plazo máximo de 60 días para presentar los resultados.
La protesta de Espírito Santo se extendió este viernes al vecino Río de Janeiro, en plenos preparativos de los carnavales, donde cerca de varios batallones de la policía militariza estuvieron acuartelados, aunque el secretario de Seguridad Pública regional de Río de Janeiro, Roberto Sá, aseguró que el 95 % de los efectivos trabajó con normalidad durante la jornada.
Asimismo, restó importancia a las denuncias de vecinos de barrios de la zona norte de Río y de localidades del estado en las que alertaron de saqueos, robos y agresiones masivas.
El descontrol en la seguridad tiene su origen en la profunda crisis económica que atraviesa Brasil y que ha dejado a algunos estados en la quiebra.
El ahogamiento financiero se ha traducido en el retraso en el pago de los salarios de funcionarios públicos y la congelación de las percepciones laborales, lo cual afecta incluso a los cuerpos de Policía agravando la ya frágil seguridad del gigante suramericano.
