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La exsenadora colombiana se pronunció sobre la ponencia en el Consejo de Estado, en la que se pide tumbar la sanción disciplinaria interpuesta contra la líder política.
Al conocer la posibilidad de su retorno pleno a la actividad política, la exsenadora Piedad Córdoba recordó que la sentencia que la inhabilita políticamente fue arbitraria y pidió que se falle en derecho.
La defensora de derechos humanos se pronunció a través de su cuenta Twitter @piedadcordoba sobre la decisión del Consejo de Estado de revisar la sanción de la Procuraduría General de la Nación en 2010, acusándola de colaborar y promover las actividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC - EP).
“El país sabe que me inhabilitaron arbitrariamente con pruebas que la Corte Suprema invalidó #SoyInocente”. En otro twiit la exsenadora escribió “Si las pruebas no tuvieron validez para la Corte Suprema, máxima instancia jurídica, ¿por qué para el procurador sí lo tuvieron?”
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Piedad Córdoba insistió en que exigirá sus derechos políticos así como el de todas las personas que votaron por ella. “El derecho a elegir y ser elegida es un derecho democrático, que a su vez es garante de los derechos fundamentales”, agregó.
En repetidas oportunidades la excongresista ha asegurado que la sanción disciplinaria hace parte de una persecución política por parte del Procurador General, Alejandro Ordóñez, en contra de los líderes de izquierda.
Debido a esta situación fue que Piedad Córdoba puso una tutela ante la Corte Constitucional y una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado.
El alegato del Ministerio Público contra Piedad Córdoba
Según el Ministerio Público, la exsenadora Piedad Córdoba fue sancionada por extralimitarse en sus funciones en el marco de los contactos que sostuvo con las FARC-EP para la realización de un acuerdo humanitario.
El órgano de control disciplinario indicó que Piedad Córdoba “dio información a las FARC-EP sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados, concedió declaraciones y colaboró con la defensa de algunos exjefes y miembros del grupo insurgente en procesos judiciales seguidos contra ellos.
La ponencia a favor de Piedad Córdoba
El próximo martes será presentada ante la Sala Plena del Consejo de Estado la ponencia en la que se pide tumbar la sanción disciplinaria interpuesta contra la líder política.
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En el documento, firmado por el magistrado William Hernández, se manifiesta que el Ministerio Público incurrió en una falla en la valoración de los elementos probatorios, puesto que se le dio validez a los documentos recolectados durante el operativo, en el que fue abatido el jefe guerrillero Luis Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’ el 4 de marzo de 2008 en Ecuador.
En el proyecto de fallo se señala que la Corte Suprema declaró que dicha prueba era nula puesto que se había violado la cadena de custodia. Agregó el alto tribunal en esa oportunidad que los archivos no eran correos originales sino documentos que podrían ser modificados.
