Piedad Córdoba: No existen garantías para firmar la paz

La exsenadora colombiana y defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba, sostuvo este lunes que no existen garantías para firmar el acuerdo de paz en Colombia por falta de entendimiento entre las partes. 

Durante el programa Siete Preguntas con el periodista Ernesto Villegas, transmitido por teleSUR, Córdoba afirmó que el recrudecimiento del paramilitarismo afecta de manera directa la firma de la paz para Colombia. 

A su juicio, la dejación de armas y la falta de entendimiento entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y los mediadores del Gobierno de Juan Manuel Santos debe ser uno de los puntos de mayor importancia dentro de los Diálogos de Paz. 

Con respecto al ataque que sufrió mientras realizaba una actividad en el departamento del Chocó, al noroeste del país, dijo que "no estoy loca para inventar que querían agredirme, gracias a mi habilidad y al trabajo de mi equipo estoy viva". 

No se sorprendió de que la justicia colombiana haya tergiversado la verdad sobre el ataque que enfrentó en el Chocó. "A ellos les interesa tapar las fallas que existen en materia de seguridad, no quieren que el mundo se entere del daño que causa el paramilitarismo en Colombia", comentó.   

La exsenadora sostuvo que en momentos difíciles para la región debe prevalecer la unión y solidaridad entre países libres y soberanos. "La derecha ha dejado plagada a nuestros pueblos de miseria y pobreza, pienso que debemos estar unidos para dar la batalla", dijo sobre la posibilidad de un triunfo momentáneo de la derecha en América Latina. 

Recordó el legado del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, para los pueblos latinoamericanos. "Chávez es y será un gran maestro, de él aprendimos mucho". 

Reconoció que le gustaría ser presidenta de Colombia para hacer de su país una nación de igualdades y oportunidades para todos. "Sí me encantaría ser presidenta, pero más me gustaría ver a un país unido", acotó. 

Piedad Córdoba fue senadora de Colombia desde 1994 hasta su destitución en el 2010, luego de que la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Alejandro Ordóñez, la acusara de colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

Desde entonces, se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos en su país y a difundir denuncias ignoradas por las grandes cooperaciones de la comunicación en la región latinoamericana.

En el 2008 fue nominada al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su trabajo en defensa de los más desprotegidos de Colombia.