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El procurador General de la República (PGR) de Brasil, Rodrigo Janot, pidió la autorización del Tribunal Supremo Federal (STF) para iniciar una investigación contra la presidenta Dilma Rousseff, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, por supuesta "obstrucción a la justicia".
Al parecer, el procedimiento se realizó de manera confidencial. Explica que este nuevo ataque contra líderes del Partido de los Trabajadores (PT) se basa en las denuncias realizadas por el senador Amaral Delcídio (MS), quien en reiteradas ocasiones emitió declaraciones difamatorias, en su intento de implicar a Lula y Rousseff en el caso de la estatal Petrobras.
En marzo, el gobierno brasileño emitió un comunicado en el que informó que "tomarán medidas judiciales posibles" contra Amaral, para que “sea responsabilizado legalmente por todas sus declaraciones calumniosas y difamatorias", algo que según analistas es un procedimiento rutinario en situaciones de este tipo.
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El procurador Janot abrió en los últimos días nuevos frentes por el caso Petrobras y solicitó que el senador opositor, Aécio Neves, sea investigado.
La lista remitida por la Fiscalía al STF incluye también el nombre del responsable de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Edinho Silva, miembro del PT y tesorero de la campaña electoral de la presidenta Rousseff en 2014.
En el caso de Lula, la solicitud fue hecha el 28 de abril, pero solo se hizo pública este martes, informó la Agencia Brasil.
El fiscal brasileño incluyó también a los senadores Jader Barbalho y Delcídio Amaral; al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha; y a los legisladores de esa casa Eduardo da Fonte, Aguinaldo Ribeiro, André Moura, Arnaldo Faria de Sá, Altineu Cortes, Manoel Junior y Henrique Eduardo Alves.
Romero Jucá, Jader Barbalho, Valdir Raupp y Renan Calheiros, representantes del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), también figuran en la solicitud.
En contexto
Brasil es escenario de un golpe blando, como lo califican analistas internacionales, a través de un proceso de juicio político que puede ser aprobado en un Senado de mayoría opositora.
Sin ningún delito tangible, como lo alega la defensa de la mandataria, pretenden enjuiciar a una Presidenta que llegó al poder con más de 50 millones de votos, y que aún goza de un nivel de aceptación mayoritario.
Esta semana es decisiva para Brasil, porque lo que está en juego no sólo es separar a Rousseff de su cargo, sino el destino de una nación, su democracia, sus derechos laborales, sus logros sociales y hasta la misma integración latinoamericana.
