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La comisión parlamentaria que analiza si la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, deberá ser sometida a un juicio político reanudará este viernes el debate sobre el informe del instructor, que recomendó iniciar un proceso "con miras a la destitución de la mandataria".
Se espera que luego de realizar las discusiones la comisión parlamentaria -de 65 miembros- vote el próximo lunes para destituir o no a la mandataria.
La defensa del Estado brasileño asegura que el intento de juicio político contra Rousseff es un golpe de Estado.
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El pasado miércoles el diputado Jovair Arantes, autor del informe, aseguró que "la magnitud y el alcance de las violaciones practicadas por la presidenta de la República constituyeron un grave desvío de sus funciones, con perjuicios a los intereses de la nación".
Sin embargo, la defensa expuesta por el el ministro-jefe de la Abogacía General de la Unión, José Eduardo Cardozo, solicitó archivar el proceso contra la mandataria y aseguró que la denuncia presenta errores conceptuales.
Para que el juicio político se pueda realizar, se debe contar con el apoyo de un mínimo de 342 de los 513 miembros de la cámara (dos tercios).
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En el caso de que estén presentes los 513 diputados -sin ausencias ni abstenciones- teóricamente serían necesarios 171 votos (un tercio) para bloquear la iniciativa en caso de que el presidente de la Cámara no sufrague.
De superar la cámara baja, el proceso iría al Senado y, de aprobarse también en esa instancia, Rousseff sería separada de su cargo por un máximo de seis meses a la espera del veredicto final.
Si se decide que la mandataria debe ser apartada del cargo se necesitaría el voto de la mitad de los 81 escaños del Senado. Al aprobarse esto, se le destituye y el vicepresidente, Michel Temer, asumiría la presidencia hasta el 2018.
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