Los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en México rompieron las conversaciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó el abogado de las familias, Vidulfo Rosales.
El jurista acusó de manera directa a la canciller Claudia Ruíz Massieu de entorpecer la concreción de un mecanismo especial de seguimiento al caso Iguala, como se conoce a la desaparición forzada de los 43.
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Dicho mecanismo fue propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) para darle continuidad a las recomendaciones dejadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Entre las disconformidades con el Estado, se encuentra la resistencia gubernamental a que un equipo operativo de este mecanismo permanezca en el país y tenga acceso pleno a la información del caso.
A razón de los invonvenientes, los padres decidieron levantar la mesa de diálogo e informaron que mantendrán el plantón frente a la instalaciones de la Cancillería.
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En contexto
El 26 de septiembre de 2014, en el municipio Ayotzinapa de la ciudad de Iguala, estado Guerrero (suroeste de México), desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, tras una represión del cuerpo policial local, que entregó los jóvenes presuntamente a la banda criminal "Guerreros Unidos".
La procuradora general de México, Arely Gómez, entregó el miércoles 8 de junio a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Iguala un nuevo informe sobre las investigaciones y anunció el cambio del fiscal del caso.
El Estado mantiene su cuestionada tesis de que los estudiantes fueron secuestrados supuestamente por el grupo delictivo Guerreros Unidos en complicidad con elementos de la policía municipal de Iguala y Cocula.
El último documento describe las principales actuaciones que el Ministerio Público federal ha llevado a cabo en dicha investigación, pero sin avances concretos.
Padres de los estudiantes exigen que se tomen en cuenta las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI señaló que algunos de los hechos no fueron investigados, que hubo evidencias destruidas y se cometieron errores por partes de las fuerzas del Estado.