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La Policía Federal brasileña ha puesto en marcha el 17 de marzo la Operación "Carne Fraca" que investiga las principales empresas cárnicas del país.

La Policía Federal brasileña ha puesto en marcha el 17 de marzo la Operación "Carne Fraca" que investiga las principales empresas cárnicas del país. | Foto: Spútnik Novosti

Publicado 17 marzo 2017

Este viernes se dio a conocer casos de corrupción en los principales frigoríficos de Brasil por venta de productos adulterados.

Debido a las irregularidades de las grandes empresas alimentarias, el PT solicitará la creación de Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar corrupción en los permisos sanitarios que habrían permitido que carnes adulteradas se comercializaran dentro y fuera de Brasil. 

El líder del PT, Carlos Zarattini, señaló que el Congreso Nacional debe colaborar con las investigaciones, debido a que las denuncias afectan directamente los intereses de Brasil.

El legislador aseguró que el próximo lunes se iniciará una recolecta de firmas para apoyar su solicitud de crear una CPI que evalúe los resultados de la Operación Carne Débil, que con unos mil 100 efectivos involucrados clasifica como la mayor nunca antes efectuada por la Policía Federal (PF).

Después de casi dos años de investigaciones se descubrió que funcionarios implicados en la corrupción, aprovechaban el respectivo poder de fiscalización de sus cargos para favorecer la producción de alimentos adulterados y, a través de pagos ilegales, otorgaban permisos sanitarios sin realizar los controles pertinentes.

En la mira de la operación están dos de los principales grupos de la industria alimentaria brasileña: BRF, dueña de las marcas Sadia, Perdigao, Batavo y Elege, y JBS, que controla a Seara, Swift, Friboi y Vigor, así lo indicó el delegado federal de la PF Maurício Moscardi Grillo.

Según Moscardi, los frigoríficos involucrados en el trama criminal se encargaban de 'maquillar' carnes vencidas con ácido ascórbico y procedían a reempaquetar para distribución dentro y fuera del país.

Las empresas luego sobornaban a funcionarios del Ministerio de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) para que autorizaran la venta del producto sin fiscalizarlo.

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