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Miembros de Global Witness denuncian los actos violentos ocurridos en la comunidad hondureña.

Miembros de Global Witness denuncian los actos violentos ocurridos en la comunidad hondureña. | Foto: EFE

Publicado 1 febrero 2017



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La ONG internacional Global Witnesss denuncia 123 homicidios de defensores del medio ambiente en el país centroamericano.

Global Witness, la ONG internacional que documenta los crímenes contra los ecologistas en el mundo, publicó este martes un informe en el que denuncia la implicación de altos representantes políticos y miembros de la élite empresarial de Honduras en actos de represión hacia activistas ecológicos en el país.

Desde el año 2010 han asesinado a 123 ecologistas en el país, de acuerdo al informe. En consecuencia, Honduras es el país más peligroso para ser defensor del medio ambiente.

Esta nación pasa a formar parte del grupo de países más peligrosos para los defensores del activismo ambiental, junto a Brasil y Colombia.

>> Activistas por derecho a tierras sufren más agresiones en A. Latina

El texto presentado informa que “los conflictos por la minería, las presas hidroeléctricas y la agroindustria son las principales causas de estas muertes y la mayoría de las víctimas pertenece a grupos indígenas y comunidades rurales”.

“Global Witness ha descubierto nuevas evidencias de los acuerdos de la puerta trasera, sobornos y violaciones de la ley que se utilizan para imponer estos proyectos y silenciar cualquier oposición”, asegura el informe.

Asimismo, el jefe de campañas de Global Witness, Billy Kyte, afirmó que sus “investigaciones demuestran que las élites políticas y empresariales hondureñas están usando medios corruptos y delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del país y están consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales para asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a interponerse en su camino”.

Berta Cáceres, un crimen que sacudió el panorama internacional

Entre los homicidios destaca el de la activista indígena Berta Cáceres (2016) que fue el primero en provocar un escándalo internacional. Pese a las amenazas a su vida, Cáceres lideró un movimiento contra la construcción de una planta hidroeléctrica en el occidente de Honduras por su impacto ambiental en tierras históricamente habitadas por indígenas.

Feminista, defensora indígena, activista de derechos humanos, ambientalista y líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Cáceres murió a balazos el 3 de marzo de 2016 en su casa del departamento de Intibucá.

En su asesinato, como autores intelectuales y materiales figuran al menos siete personas, seis militares (activos y en retiro) y un empresario.

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