Boletines
Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
Más de tres mil personas marchan este martes por la Autopista del Sol, en la ciudad de Acapulco (estado Guerrero, sur de México), al cumplirse 19 meses de la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La movilización se realiza para exigir la presentación con vida de los normalistas y que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permanezca en México para seguir con la investigación del caso.
Los padres de Ayotzinapa aseguran que confían en el trabajo del GIEI y no en las investigaciones que hacen los expertos de la Procuraduría General de la República (PGR).
>> Nuevos datos por caso Ayotzinapa desmienten hipótesis del Gobierno
Melitón Ortega, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, señaló que el último informe del GIEI aportó más líneas de investigación que dan esperanza a los familiares de los normalistas.
La teoría de la PGR indica que los 43 estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por la Policía de Iguala, entregados al cártel Guerreros Unidos y luego incinerados en el basurero de Cocula.
Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes echó por la borda la hipótesis de la PGR y evidenció una serie de irregularidades en las pesquisas.
>> Especial Web: Justicia para Ayotzinapa
El segundo informe presentado por el GIEI revela "todas las deficiencias, fallas e incapacidad de las instituciones mexicanas para una adecuada y esclarecedora investigación", afirmó Edgar Cortés, coordinador de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto de Derechos Humanos y Democracia.
El informe da a conocer datos que no fueron lo suficientemente investigados y señala que muchas de las declaraciones de los testigos se obtuvieron bajo tortura, explicó Cortés.
La demora fue otra de las denuncias del informe del GIEI, pues durante todo el tiempo que estuvo en territorio mexicano para investigar el caso Ayotzinapa se hicieron llegar más de 900 solicitudes al Ejecutivo, peticiones que hasta a mediados de marzo solo se habían cumplido en un 50 por ciento.
El GIEI también acusó a la Procuraduría General de la República de realizar un operativo forense en el Río San Juan durante el 28 de septiembre de 2014, donde se recogió presunta evidencia del caso (incluidos restos óseos) que no constan dentro del expediente.
