La Asamblea Nacional Popular de México, con sede en la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa en Iguala, en Guerrero (sur), a la cual pertenecen los 43 estudiantes desaparecidos, exigió este sábado que el gobernador interino de la entidad sea un representante de la sociedad civil y no un militante de algún partido político.
El representante de la asamblea y secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Reyes Ramos, informó propondrán enviar un representante social como postulante al Congreso local, luego de la licencia que pidió el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, el pasado jueves.
Por ahora el Secretario de Gobierno del estado de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, está a cargo del despacho gubernamental.
Después de la reunión, a la cual asistieron representantes de 73 organizaciones civiles y estudiantiles de todo el país, se informó sobre las acciones que emprenderán en los próximos días para demandar la aparición con vida de los 43 normalistas, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en Guerrero tras una arremetida policial.
El 26 y 27 de octubre en Guerrero, el Distrito Federal, Morelos, Oaxaca y Michoacán se cerrarán las principales carreteras y aeropuertos. Para el 27 también se tiene acordado cerrar los bancos.
Los días 29, 30 y 31 se acordó un paro nacional con el apoyo de las secciones que integran la CNTE y se planteó una mega marcha en la capital guerrense, Chilpancingo, para el 30 de octubre.
El 2 de noviembre los representantes de las organizaciones que integran a la Asamblea Nacional Popular se reunirán nuevamente en la Escuela Normal de Ayotzinapa para definir nuevas acciones.
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En contexto
Entre el 26 y 27 de septiembre, la policía de Iguala disparó contra los autobuses donde se trasladaban los estudiantes normalistas, hecho que dejó a seis personas muertas (una con signos de tortura) y 17 heridas, además de 58 estudiantes desaparecidos, de los cuales 15 aparecieron, uno de ellos muerto.
La indignación global por el caso también se sustenta en la aparente inacción del Gobierno nacional y su falta de respuestas en un caso de desaparición masiva y a la luz pública. Los familiares de los jóvenes, que llevaban a cabo una protesta contraria al Gobierno regional, han asegurado que no confían en la claridad de la investigación del caso.