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La magistrada es acusada por usar su alto cargo para influir en la decisión de un juez para beneficiar a su hijo, Otto Molina Stalling, procesado por asociación ilícita.

La magistrada es acusada por usar su alto cargo para influir en la decisión de un juez para beneficiar a su hijo, Otto Molina Stalling, procesado por asociación ilícita. | Foto: EFE

Publicado 9 febrero 2017



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Blanca Stalling deberá presentar su declaración este jueves ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal. 

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala, Blanca Stalling, asiste este jueves a su primera declaración ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal tras ser detenida por tráfico de influencias. 

La magistrada, que pasó la noche en la prisión de la Brigada Mariscal Zavala en la periferia norte de la capital guatemalteca, fue trasladada esta mañana al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, donde rendirá su primera declaración a puerta cerrada.

Stalling fue capturada el miércoles por el delito de tráfico de influencias, por supuestamente haber utilizado su alto cargo para influir en la decisión de un juez para beneficiar a su hijo, Otto Molina, procesado por asociación ilícita y cobro ilegal en una trama de corrupción conocida como "IGSS- Pisa".

>> Guatemala: nuevas capturas por casos de corrupción. 

La vocal VII de la CSJ se negó a responder las preguntas de los periodistas, quienes la interrogaban sobre el uso de una peluca y el porte de un arma de fuego el miércoles cuando fue detenida y se limitó a decir: "Hoy no oirán mi declaración".

La jueza de Turno, Carol Patricia Flores, ordenó el miércoles que la magistrada pasara la noche en prisión provisional de la base militar Mariscal Zavala, a petición de la defensa de Stalling, que expuso que su clienta temía por su vida si pasaba la noche en la carceleta de la Torre Tribunales. 

La detención ocurre tras la votación del pleno del Congreso el 2 de febrero, en la cual 119 miembros votaron a favor de retirarle la inmunidad a la magistrada, a petición del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).


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