Boletines
Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
A raíz de la cifra estrepitosa de 13 millones de pobres en Argentina, el Ejecutivo nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019 la ley que declara la emergencia social en ese país.
La reglamentación fue oficializada este viernes a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. La norma fue producto de las negociaciones entre el Gobierno de Mauricio Macri y distintas organizaciones sociales ante las elevadas cifras de pobreza registradas en Argentina.
Movimientos sociales como Barrios de Pie, Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre otros, cancelaron la movilización dispuesta para el próximo lunes en la Plaza de Mayo en la capital argentina de Bueno Aires.
El decreto reglamentario detalla las funciones y objetivos del Consejo de la Economía Popular y los parámetros para la asignación del Salario Social Complementario, ambos dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.
También establece que se destinarán 30.000 millones de pesos (1,9 millones de dólares) en fondos para distintas acciones, que serán administrados por el Consejo de la Economía Popular, conformado por representantes de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda, más integrantes de las organizaciones.
>> Macri no se ocupa de temas de género, según 94 % de argentinos
La firma de Macri, Jorge Triaca, Carolina Stanley y Nicolás Dujovne ponen en funcionamiento la ley N° 27.345. La norma fue negociada entre la Casa Rosada y las organizaciones de la economía popular luego de que la oposición diera media sanción a un proyecto más amplio en el Senado.
>> Trabajadores argentinos marchan contra las políticas económicas de Macri
Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) dio cuenta de que 13 millones de personas son pobres, lo que equivale a 32,9 por ciento de una población de unos 40 millones de habitantes.
Según este informe, 1,5 millón de personas cayó en la pobreza y 600.000 en la indigencia en los primeros nueve meses de 2016. La entidad atribuyó el incremento a las medidas de ajuste económico, el contexto internacional adverso, la política anti- inflacionaria y la rezagada inversión pública y privada.
