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Rousseff destaca crecimiento de los programas sociales en Brasil.

Rousseff destaca crecimiento de los programas sociales en Brasil. | Foto: Reuters

Publicado 6 mayo 2016



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La presidenta sostuvo que la oposición atenta hasta contra los que rechazan su Gobierno porque carecen de un programa inclusivo en políticas sociales.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recalcó este viernes que luchará hasta el final por la democracia de su país. "Yo me voy a quedar aquí dando la cara, luchando contra las injusticias que pretende imponer la derecha brasileña", dijo.  

Durante la supervisión de varias obras sociales en Pernambuco, al noreste del país, la jefa de Estado reiteró que el juicio político que adelantan los diputados opositores no solo atenta contra la democracia brasileña sino contra todos los derechos sociales y obras hechas en un Gobierno responsable. 

"Ellos están condenado en ese juicio a una inocente y no hay nada más grave que condenar a una inocente (...) la democracia nuestra no es de fachada sino generosa gracias a la lucha histórica del pueblo brasileño", destacó. 

Asimismo dijo que los 54 millones de brasileños que la reeligieron como presidenta de Brasil en 2014, la escogieron porque tenía un programa de gobierno, un proyecto de país para beneficio de todos, más no una mentira que le ayudara a perpetrarse en el poder.  

"La derecha atenta hasta contra los que rechazan mi Gobierno, ellos no tienen un programa de inclusión para todos". Por tanto, ese juicio en su contra carece de legitimidad "porque es un golpe contra el pueblo brasileño". 

Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir que se mantengan al frente del Gobierno.

En ese contexto, el domingo 17 de abril la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el pedido de juicio político contra Rousseff, con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes. 

El caso pasó a una comisión de 21 senadores, la mayoría de oposición, que tendrá 10 días de debates para escuchar los argumentos de la acusación y la defensa de la presidenta.

Una comisión especial de diputados le dio luz verde a este proceso por considerar que hay indicios que la presidenta cometió crímenes "de responsabilidad" y podría ser destituida de su cargo no por el escándalo de sobornos en Petrobras, sino supuestamente por violar normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.

 


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