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Una investigación a cargo de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado sobre el impacto de la aplicación de las Leyes de Cabotaje a Puerto Rico desde 1920, arrojó un impacto económico sobre la isla equivalente a 29,052 millones de dólares entre 1970 y 2012 que ha afectado negativamente en su crecimiento, informó el sitio web Claridad Puerto Rico.
El estudio contempló 13 vistas públicas con 32 deponentes y la evaluación de una docena de informes sobre la Ley Jones de 1920 (en la cual están contenidas las Leyes de Cabotaje) de agencias gubernamentales de Estados Unidos (EE.UU.) y de organizaciones internacionales, las cuales llegaron a la conclusión de que exista un reclamo de todos los puertorriqueños y de su Gobierno para que se exhonere a la isla de la aplicación de esta ley.
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Puerto Rico es la única jurisdicción de EE.UU a la que se aplica en su totalidad las restricciones apoyándose en las leyes de cabotaje, las cuales establecen que las mercancías transportadas entre los estados, territorios y posesiones de la nación norteamericana se hagan a través de la marina mercante de EE.UU., registradas o con franquicias otorgadas por autoridades de ese país y con tripulación de ciudadanos norteamericanos.
Evidencia internacional
El informe de 183 páginas reveló que organizaciones internacionales evidencian el impacto de las leyes de cabotaje, incluso en la economía estadounidense. El reporte de la Comisión de Comercio Internacional (CIC) de 1995 arrojó que: "en términos del efecto sobre la economía de Estados Unidos, las barreras a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir fueron las más significativas de las examinadas.
La eliminación de estas barreras se traduciría en un aumento calculado en el bienestar nacional equivalente a 10,4 mil millones de dólares. Con la liberalización de las restricciones de cabotaje marítimo se obtiene un beneficio calculado de 1,3 mil millones de dólares, y la liberalización de las barreras comerciales en el azúcar y los productos que contienen azúcar produce una ganancia de bienestar de poco menos de 1 mil millones de dólares.
La eliminación simultánea de todas las barreras (excepto los de los cacahuetes y prensadas y vidrio soplado) produce una ganancia de bienestar calculado de 12,4 mil millones de dólares”.
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En 2012 el Banco de la Reserva Federal (BFR) de Puerto Rico, calculó que los elevados costos de transporte de bienes de la isla eran por causa de las restricciones impuestas por la Ley Jones.
El informe demostró que el costo aproximado de enviar a Puerto Rico un contenedor de 20 pies (unos 6,09 metros) de uso doméstico y comercial con mercancías provenientes de la costa este de EE.UU. es de 3 mil 063 dólares.
Ese mismo envío a Santo Domingo, República Dominicana, cuesta solo un mil 504 dólares y un mil 687 dólares a Kingston (Jamaica), territorios que no están sometidos a las restricciones de la Ley Jones.
Todo esto provocó que el BFR insistiera en su reciente informe en la debilidad económica de Puerto Rico, lo cual agrava el alto costo de hacer negocios.
Alimentación adecuada
La Comisión puntualizó que la imposición de las leyes de cabotaje “viola nuestro derecho a la alimentación adecuada, el cual es parte de los derechos humanos reconocidos internacionalmente” porque el 80 por ciento de los alimentos que se importan en la isla provienen de EE.UU en barcos respaldados por la Ley Jones. “Por lo cual, es evidente que el costo de los alimentos que consumimos en Puerto Rico es sustancialmente mayor por ser traídos en barcos de marina mercante estadounidense”.
Concluyeron que el 94 por ciento de la carga que proviene de Estados Unidos a Puerto Rico, sale del puerto de Jacksonville en Florida, lo que expone a la isla a una escala de vulnerabilidad muy alta, debido a la aglomeración de carga en ese puerto marítimo y a los precios de transporte desde allá.
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