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Un grupo de casi 200 legisladores demócratas están demandando al presidente Donald Trump por el dinero extranjero que fluye en su imperio empresarial global.
El senador de Connecticut Richard Blumenthal y el representante de Michigan John Conyers presentarán una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Columbia.
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Es la última bala disparada por los demócratas contra el gobierno de Trump en el Capitolio, después de presionar el martes a su Fiscal General, Jeff Sessions, para obtener información sobre la injerencia rusa en la campaña del presidente.
Los demandantes argumentan que tienen derecho a demandar porque la cláusula dice que sólo el Congreso puede aprobar donaciones y pagos extranjeros. “Los redactores dieron al Congreso un papel único, un derecho único y la responsabilidad”, dijo el senador Richard Blumenthal, un demócrata de Connecticut que ayudó a organizar la demanda.
Trump cedió el control de su inmenso entramado empresarial -la Organización Trump- poco antes de llegar al poder para alejar así las sospechas sobre conflictos de interés que han surgido de igual forma, ya que las compañías quedaron en manos de sus hijos Donald Junior y Eric, por lo que siguen en el más íntimo círculo presidencial.
No obstante, se conoce que el Trump International Hotel de Washington organizó una fiesta para la embajada kuwaití. En mayo, una firma que representa al gobierno de Arabia Saudita reveló que había pagado más de 250.000 dólares en alojamiento y servicios de catering al hotel.
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Los demócratas y otros opositores de Trump sostienen que tales acuerdos violan una cláusula de la Constitución que prohíbe a los funcionarios de los Estados Unidos aceptar “cualquier presente, cargo o título, de cualquier tipo, por parte de cualquier rey, príncipe o estado extranjero” sin el consentimiento del Congreso.
El lunes, los abogados generales de Maryland y el Distrito de Columbia interpusieron una demanda en un tribunal federal en Maryland, acusando al Trump de poner hoteles, complejos turísticos y centros de convenciones propiedad o operados por sus gobiernos en una desventaja competitiva. Algunos expertos legales han sugerido que este pleito tiene la mayor probabilidad de que proceda porque un estado es considerado un “soberano equivalente” al presidente.
