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Una jueza de Rio Grande del Sur concluyó que el uso de las aeronaves de la Fuerza Aérea Brasileña es necesario para garantizar la seguridad personal de la Dilma Rousseff.
La Justicia Federal de Río Grande del Sur, uno de los 26 estados, que junto al distrito federal, componen Brasil, autorizó a la presidenta constitucional de ese país, Dilma Rousseff, a utilizar aeronaves de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) para realizar sus viajes por todo el territorio nacional.
Esta autorización, otorgada por la jueza Daniela Cristina de Oliveira Pertile, está sujeta a una condición: que Rousseff o el partido al cual pertenece, el Partido de los Trabajadores (PT), reembolsen los gastos de estos viajes.
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La decisión judicial fue tomada luego de que la dignataria presentara una demanda en contra del Gobierno Federal, en la cual indicó que su apartamiento del cargo, durante el proceso de impeachment que se desarrolla en su contra, no implicaba que se le limitaran las garantías específicas e inherentes de su puesto.
La demanda emitida por la presidenta también sostiene que no es competencia del Poder Ejecutivo revisar o limitar el acto del Senado Federal, órgano que determinó la suspensión de Rousseff.
En este contexto, antes de que la mandataria lograra revertir la situación, ella solo podía hacer uso de dichas aeronaves para sus viajes entre la capital, Brasilia, y la sureña ciudad de Porto Alegre, donde tiene su domicilio particular.
Bajo el Gobierno interino de Michel Temer, a Rousseff no solo se le ha prohibido el uso general de estas aeronaves, también se le ha impedido estar acompañada de asesores en los viajes, así como utilizar la nomenclatura del gabinete personal.
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Al respecto, el Gobierno Federal justificó en su defensa que el uso del transporte aéreo oficial está restringido a actividades de interés público y que hacer uso de ellos sin ninguna agenda oficial supondría un desvío de finalidad.
Sin embargo, la jueza Pertile concluyó que el uso de estas aeronaves de la FAB era necesario para garantizar la seguridad personal de Rousseff, puesto que no puede utilizar aviones comerciales. También autorizó a los asesores de la mandataria a hacer uso de estos transportes, igualmente bajo reembolso, y permitió mantener la estructura del gabinete personal de la presidenta.
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