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La justicia de Guatemala investigará a la magistrada Carol Patricia Flores por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, quien anuló por un tiempo breve el proceso judicial contra el dictador Efraín Ríos Montt, acusado del genocidio de mil 771 indígenas mayas-ixiles durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983.
Leer aquí: Critican anulación de juicio contra dictador Ríos Montt en Guatemala
El magistrado Rafael Rojas, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, anunció en una rueda de prensa que se decidió “por unanimidad declarar con lugar las diligencias" para retirar la inmunidad de Flores, quien es presidenta del juzgado Primero A de Mayor Riesgo.
La investigación se abrió por medio de una petición hecha en abril por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ente aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para limpiar el sistema judicial.
En meses pasados, a través de un comunicado, la Cicig explicó que las sospechas contra Flores se empezaron a dar porque ésta vive en una lujosa residencia en un municipio al este de la capital, algo que no concuerda con sus ingresos como empleada pública.
Se comprobó "que la funcionaria reside en un lujoso inmueble que a primera vista pareciera desbordar el poder adquisitivo de un juez de Primera instancia", así lo denunció la Cicig, argumentando que la propiedad fue construida con recursos ilícitos.
En abril de 2013, la jueza Carol Patricia Flores anuló el juicio contra Ríos Montt por supuestas apelaciones pendientes por resolver en el caso.
Sin embargo, el proceso continuó y el 10 de mayo un tribunal le impuso al dictador una pena de 80 años de prisión por genocidio, sentencia que fue anulada diez días después por la Corte de Constitucionalidad por errores durante el juicio.
El pasado jueves estaba previsto empezar un nuevo juicio contra Ríos Montt, pero la Fiscalía pdió internarlo en un psiquiátrico público para una segunda opinión médica tras refutar el estudio oficial en el que se determinó que el dictador está incapacitado mentalmente para enfrentar procesos judiciales.
El fiscal Erick de León aseveró que la jueza "atentó contra la misma independencia judicial", pues el proceso se encontraba en pleno desarrollo cuando ordenó su anulación y reinicio.
