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Desde el pasado jueves, 28 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) son investigados por haber solapado los presuntos actos de tortura y matanza a cargo de soldados de Tlatlaya (suroeste) que provocaron la muerte de 22 supuestos delincuentes el pasado junio de 2014, informó el procurador del Estado Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
En principio el Gobierno del Estado de México estaba a cargo de investigar el crimen perpetrado en junio de 2014, sin embargo dos supervivientes (mujeres) confesaron a AP que detectives estatales y efectivos de la procuraduría las torturaron y amenazaron para que avalaran la versión del Ejército mexicano de que los 22 asesinados murieron en medio de un tiroteo con los militares.
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Víctimas “compensadas”
A raíz de estos testimonios, el secretario de Gobierno estatal José Manzur, aseguró que las dos testigos son catalogadas de víctimas por lo que se compensarán económicamente por los daños y manifestó que si algún funcionario transgredió los derechos humanos de las víctimas “será castigado de manera ejemplar conforme la ley”. Ahora bien, en la nota advirtieron que Manzur respaldó la versión inicial del Estado ante la matanza.
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila un día después de los asesinatos (primero de julio) agradeció públicamente al Ejército por su “valentía y firmeza” en torno al escándalo.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “una persona incluso le dijo a una de las mujeres que la iban a hacer hablar, porque tenía una forma de hacerlo sin que se notaran los golpes que le iban a infligir". Asimismo la CNDH aseguró que las tres mujeres sostuvieron que fueron asfixiadas con bolsas de plástico, las hicieron firmar hojas sin que estuviera un abogado y amenazaron con violarlas, publicó el sitio web de una cadena estadounidense.
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